(La Tercera) Noventa minutos de discusión bastaron para que el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, diera por finalizado el proceso de conciliación entre los abogados del proyecto termoeléctrico Castilla con representantes de la comunidad de Totoral y pescadores de la Tercera Región. Pese a que habían mantenido conversaciones durante el último mes, las partes no lograron consenso, ante la negativa de un grupo de habitantes del Totoral, representados por el abogado de la ONG Olca, Álvaro Toro, que se oponen a la construcción del complejo de cinco centrales.
Ante la imposibilidad de encontrar puntos de acuerdo, se dio por desechado el procedimiento, señalando que ahora el tribunal deberá fallar los recursos de protección presentados en contra de la instalación del puerto y las plantas.
“Cualquier solución a la que se llegue afectará a los habitantes, pescadores y vecinos de Totoral”, señaló el magistrado. Según abogados de la causa, la Tercera Sala del tribunal demoraría unos dos meses en dar a conocer el fallo.
Pedro Pablo Gutiérrez, quien junto al jurista Andrés Jana representan el proyecto Castilla, comentó: “La Corte tiene que resolver dos recursos, hay apelaciones cruzadas entre ambas partes. No llegar a acuerdo era una de las posibilidades propias de un proceso de este tipo, hay gente que legítimamente no quiere llegar a ningún acuerdo”.
Gutiérrez asegura que seguirán intentando llegar a acuerdo con las partes: “No descarto para nada que sea siempre una buena idea seguir conversando, y seguir poniéndose en el caso de que los proyectos terminen haciéndose, porque están los fallos pendientes. Y, de hacerse los proyectos, los vamos a hacer con la comunidad, lo que significa que vamos a buscar revivir los acuerdos pendientes”.
Castilla, controlada por MPX -firma ligada al empresario Eike Batista y a la alemana E.On- busca instalar un complejo termoeléctrico de 2.100 MW y una inversión de US$ 5.000 millones en la costa de la Región de Atacama.
Desde el 12 de junio, cuando se realizó la primera audicencia de conciliación, los abogados del proyecto termoeléctrico negociaban una salida con los representantes de los pescadores, los profesionales Lorenzo Soto, Cristián Tapia y Ignacio Poblete, con los que lograron importantes avances, por lo que seguirán en conversaciones. La materialización de los acuerdos, dice Gutiérrez, dependerá de un fallo positivo para el proyecto.
“Hay partes que quieren o están disponibles a conciliar y hay otras que no. En el caso nuestro mis representados sí están disponibles a una conciliación, pero esta se puede producir antes o después del fallo, por lo tanto vamos a esperar que haya sentencia”, dijo Lorenzo Soto, quien representa a 43 algueros de la zona.
La última propuesta de Castilla incluye un incremento en el fondo de desarrollo local, lo que implica que cada demandante recibirá $ 9,2 millones, frente a $ 8,7 millones anteriores; la entrega de un terreno de 10 mil m2 al sindicato de Caleta Chascos, para que regularice su situación, además de monitoreos independientes -contratados por los pescadores, pero pagados por la empresa- que vigilen los efectos de la operación en el medio marino; y la contratación de un seguro de responsabilidad civil y ambiental por US$ 25 millones, entre otras cosas.
Fuente / La Tercera