El agua vale tanto o más que el cobre para la minería del norte. Y, para las empresas de minería no metálica, cuyo consumo del recurso es aún mayor, es un factor que determina la viabilidad de una operación.
Y ésta ha sido la manzana de la discordia en una pugna que lleva años y que mantiene enfrentados a dos conocidas sociedades: SQM, la empresa liderada por Julio Ponce, y las empresas de Francisco Javier Errázuriz que, a través de Negreiros, Cala Cala, Soledad y Cosayach, participan en este mismo negocio.
SQM presentó recientemente una querella criminal, contra quienes resulten responsables de falsificación de instrumento público y estafa procesal. La historia se remonta a 1999, año en que Soledad encontró agua en el acuífero La Noria. Luego, pidió el respectivo derecho de aprovechamiento ante la Dirección General de Aguas (DGA).
Según SQM -que es beneficiario de este acuífero en la zona de la Pampa del Tamarugal- la firma del grupo Errázuriz no habría esperado a que se le constituyeran estos derechos, sino que habría comenzado a extraer el agua inmediatamente. Esto, según SQM, sucedería hasta hoy.
Errázuriz complementó este abastecimiento con un contrato por agua con la empresa sanitaria Essat (hoy Aguas del Altiplano), firmado días antes de que fuera privatizada.
En 2006, la DGA acreditó que la compañía de Salitre y Yodo Soledad -de Errázuriz- está extrayendo ilegalmente el agua, pese a no contar con derechos de aprovechamiento, y presentó una denuncia ante el tribunal de Pozo al Monte.
En el norte, la escasez de agua es tal que, según el director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), Juan Carlos Guajardo, las mineras llegan a pagar hasta US$ 200 mil por cada litro por segundo.
Tras la denuncia de la DGA, SQM presentó una primera querella, la que derivó en un juicio oral simplificado en el que el juez suplente -porque SQM recusó al titular por emitir una opinión en el proceso- estableció, tras cinco días de juicio, que la denuncia era improcedente, porque el código de aguas no tipifica la extracción ilegal de aguas subterráneas. Es decir, sólo procedería esta figura si se produce en aguas superficiales.
Ante esto, SQM pidió la nulidad del juicio a la Corte de Apelaciones de Iquique, la que fue concedida por un tema de forma. El nuevo juicio parte el 8 de septiembre próximo.
Pero mientras SQM peleaba en los juzgados de Iquique y Pozo Almonte, Errázuriz recurrió a la Corte de Apelaciones, a comienzos de este año y pidió que la DGA le otorgara los derechos pedidos en 1999 y que, si bien nunca fueron otorgados, tampoco fueron rechazados. LA DGA respondió que el recurso no procedía, al ser extemporáneo.
Pero, un par de días después, el abogado Héctor Villarroel -quien después renunció a la DGA- presentó un escrito en el que señaló que, no obstante la postura de la DGA, se debía entregar el derecho de aprovechamiento. Con este antecedente, la Corte de Apelaciones acogió el recurso.
Giro en la historia
El caso derivó a la Corte Suprema y allí se volvió a revertir la decisión del tribunal. Tras meses de tira y afloja, la Suprema recibió otro documento, del archivero de la DGA, quien contravino a este organismo y dijo que la reclamación de Errázuriz no era extemporánea. Ese documento, según la propia DGA y SQM, habría sido falsificado. De ahí la querella.
Pero no es todo. La Suprema habría ordenado a la DGA entregar un derecho de 240 litros por segundo -lo que supera, por ejemplo, el consumo de agua de operaciones como Collahuasi o Escondida- y hasta esta semana el permiso estaba en Contraloría, a punto de ver la luz.
Sin embargo, el director de la DGA, Rodrigo Weissner, explica que detectaron irregularidades en todo este proceso y que están dejando sin efecto este derecho y enviando los antecedentes al Ministerio Público.
Economía y Negocios intentó contactarse varias veces con Francisco Javier Errázuriz, pero no fue posible.
Fuente / El Mercurio