SMA fiscaliza incidente registrado en faena minera

La autoridad ambiental abrió de oficio un expediente de fiscalización tras la rotura de una tubería que transportaba relaves.

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Tras tomar conocimiento de antecedentes difundidos en redes sociales sobre un incidente registrado en la faena minera El Toqui, en Alto Mañihuales (Región de Aysén), la seremi del Medio Ambiente ofició a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para solicitar la fiscalización de la situación.

Paralelamente, la SMA abrió de oficio un expediente de fiscalización y concurrió al sector para realizar una inspección en terreno. De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados, el miércoles 5 de agosto se produjo la rotura de una tubería que transportaba relaves hacia la planta de espesado, antes de su disposición en el tranque de relaves Doña Rosa.

La inspección permitió verificar el punto de rotura y la ejecución de trabajos de limpieza. La imagen difundida en redes sociales corresponde a la descarga de un canal de contorno hacia un sistema de piscinas de sedimentación ubicadas al interior de la empresa y, por lo tanto, dicha imagen no corresponde a una descarga directa al río Toqui ni permite, por sí sola, determinar la calidad de la descarga final.

La SMA está requiriendo antecedentes a la empresa para establecer la cantidad de material derramado, evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento, determinar la calidad de la descarga final y establecer una eventual afectación del cuerpo receptor. Con esta información, se definirán las medidas y procedimientos que correspondan dentro de sus competencias.

El seremi del Medio Ambiente, Eugenio Canales, sostuvo que «desde que tomamos conocimiento de esta alerta activamos las coordinaciones institucionales y solicitamos la fiscalización correspondiente. Actualmente existe una investigación en curso que permitirá establecer técnicamente lo ocurrido, determinar si hubo afectación ambiental y adoptar las medidas que correspondan. Nuestro compromiso es informar responsablemente, sobre la base de evidencia y sin adelantar conclusiones mientras la fiscalización se encuentra abierta».

La autoridad agregó que «valoramos la participación de las comunidades en la protección del territorio y reiteramos el llamado a presentar estos antecedentes mediante los canales formales de denuncia. Esto permite contar con información verificable, dar trazabilidad a cada alerta y facilitar una respuesta institucional más ágil y pertinente”.

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