Seis de cada diez concesiones que entran a una nómina de remate vuelven a aparecer en años posteriores. Y la recaudación por patentes mineras de 2026, medida en UTM, cerraría 13,1% por debajo de 2025, pese al alza de la escala progresiva.
Con esos datos, construidos a partir de cinco fuentes oficiales, Propiedad Minera Digital expuso el pasado 31 de agosto ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, en el marco del proyecto que modifica el Código de Minería y las leyes N.º 21.420 y N.º 21.649 en materia de amparo minero (Boletín N.º 18.259-08).
La presentación estuvo a cargo de Roberto Ramirez y Ricardo Ramirez, expertos de la empresa, quienes entregaron su visión respecto a los ejes e impactos que ha tenido el actual marco normativo, y las modificaciones actualmente en discusión.
MINERÍA CHILENA conversó con ambos profesionales respecto a lo que fue su participación en la sesión realizada por la Comisión del Senado, y los desafíos que experimenta el sector minero en materia normativa, con miras a su desarrollo.
¿Qué relevancia tuvo para Propiedad Minera Digital participar ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, y qué aporte concreto realizaron a la discusión legislativa?
Para Propiedad Minera Digital fue un honor y, sobre todo, una responsabilidad. Entendemos la invitación como un reconocimiento a la labor permanente de PMD de producir, depurar y analizar información objetiva sobre el funcionamiento del sistema de propiedad minera, poniéndola al servicio de la industria, las autoridades, las asociaciones y los demás actores del sector. Nuestro aporte concreto fue llevar a la discusión cifras que no estaban sobre la mesa: cuántas concesiones vigentes están en mora —una de cada cuatro— y cuántas hectáreas están expuestas a remate —más de seis millones—. También mostramos qué ocurre con una concesión después de que ingresa a una nómina de remate y cómo se comporta la recaudación bajo la nueva escala. Obtuvimos estos resultados cruzando información oficial de Sernageomin, la Tesorería General de la República, el Poder Judicial, el Boletín Oficial de Minería y los Conservadores de Minas, y los pusimos a disposición de la Comisión. Nuestro interés es transformar información pública dispersa en conocimiento útil para que las decisiones del sector se adopten sobre la base de antecedentes objetivos. Para evaluar una reforma no basta con leer su texto; hay que medir lo que produce.
A partir de la evidencia presentada, ¿qué cambios normativos y de gestión institucional consideran prioritarios para dar mayor certeza jurídica, hacer más efectivo el sistema concesional e impulsar la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos mineros?
Identificamos dos prioridades.
La primera es contar con un régimen de amparo estable, predecible y proporcional, que distinga adecuadamente entre las concesiones de exploración y de explotación y considere los largos plazos de maduración de un proyecto minero. Los antecedentes analizados por PMD muestran una fuerte contracción en el ingreso de nuevas solicitudes: los pedimentos de exploración cayeron 72,9% en 2024 y, pese a recuperar 38,7% en 2025, se mantienen 60,9% bajo el promedio 2018-2023; las manifestaciones cayeron 24,0% en 2024 y permanecen 32,3% bajo ese mismo promedio.
A esto se suma la recaudación. Al 30 de junio, la de patentes 2026, medida en UTM, iba 16,2% por debajo del total de 2025 (3.364.761 UTM); como esa cifra de 2025 ya incorpora sus pagos tardíos y la de 2026 todavía no, la cifra comparable es la proyección a cierre de año: 2.924.141 UTM, una caída de 13,1%. Como señalamos ante la Comisión, la escala progresiva sigue vigente y continúa aumentando: el alza no ha terminado, porque la mayoría de las concesiones afectadas está todavía en sus primeros tramos y el impacto pleno del mecanismo aún no se refleja en estas cifras. En este contexto, detener el alza progresiva de las patentes aparece como una alternativa razonable para evitar que siga reduciéndose la base de titulares que efectivamente las pagan.
El texto aprobado por la Cámara apunta en esa dirección al proponer una patente de 0,4 UTM por hectárea para las pertenencias que no acrediten trabajos. La regulación debe desincentivar la retención injustificada de derechos, pero sin afectar la exploración ni la capacidad de la pequeña minería para mantener sus concesiones.
La segunda es que el sistema funcione. Seis de cada diez concesiones incluidas en nóminas de remate entre 2017 y 2026 —72.385 en total— vuelven a aparecer en años posteriores. La evidencia más clara de una falla de trazabilidad, sin embargo, surge de los roles ya declarados terreno franco: en 27.280 de los 85.035 pares de registros analizados (32,1%), el rol volvió a aparecer en una nómina de remate. Esto revela brechas de comunicación entre la Tesorería, los tribunales, los Conservadores de Minas y Sernageomin. Un registro común del estado de los expedientes, la comunicación electrónica de las resoluciones y la publicación del resultado de cada subasta permitirían abordar buena parte del problema.
Preocupaciones
Junto con estas prioridades institucionales, Roberto Ramírez —ingeniero de ejecución en minas, perito mensurador, expresidente de la Asociación de Peritos Mensuradores de Chile y socio fundador de Propiedad Minera Digital, con más de 35 años de experiencia en propiedad minera— llevó a la Comisión una preocupación específica que afecta a los peritos mensuradores. La Ley N.º 21.420 redujo de quince a diez meses el plazo del artículo 78 del Código de Minería para presentar el acta y plano de mensura. A su juicio, mientras no se implemente el cambio de Datum y sigan siendo exigibles la mensura en terreno y la colocación de hitos, ese plazo debe volver a ser de quince meses. El problema adquiere especial relevancia en alta cordillera, donde las condiciones climáticas pueden dificultar o impedir la ejecución segura de estos trabajos.
Roberto explicó que el riesgo de incumplir el plazo —y, con ello, provocar la caducidad de los derechos emanados de la manifestación— recae en el titular, no en el perito. Por eso propuso restituir los quince meses originales mientras se mantengan las actuales exigencias de mensura en terreno.
La combinación de evidencia y experiencia práctica permite dimensionar el impacto real de cada definición normativa antes de resolver. Ese es el aporte que Propiedad Minera Digital busca poner al servicio de la industria, las autoridades, las asociaciones y los demás actores de la minería. Al fin y al cabo, sobre la propiedad minera se funda todo el edificio de la minería.
Para mayor información, ingrese a ESTE LINK y en el sitio web de Propiedad Minera Digital.