(El Mercurio de Calama) Rigurosos e implacables con las fiscalizaciones, a la Mina Ministro Hales serán los organismos dependientes del Ministerio de Medioambiente, a fin de que se rijan por el estricto cumplimiento de las normativas y bajo los compromisos que establece la Resolución de Calificación Ambiental que adquirieron.
Así lo confirmó la ministra de Medioambiente María Ignacia Benítez, quien agregó las acciones de control a que someterán a esa y todas las entidades que generen alguna emisión, se aplicarán sin distinción.
Agregó que para cuando esté operando ese mineral, inclusive estará en operaciones la Subsecretaría de Medioambiente y el Tribunal que funcionará en la región, de manera que la gente estará protegida.
Manifestó que no dudarán inclusive en revocar la resolución de funcionamiento, si la empresa no está procediendo en el marco legal.
Dijo que «será el ministro de Minería el que tendrá que encargarse cómo resuelve sus índices de producción, pero nosotros estamos aquí para salvaguardar el medioambiente y a la comunidad, y eso para nosotros es lo primero, nada tendremos que ver con que se disminuya o aumenten los índices de producción, nosotros cumpliremos como ministerio de Medioambiente».
«La Superintendencia de Medioambiente tendrá tales atribuciones, tendrá un brazo tan amplio que puede detener sólo con consulta telefónica al Tribunal Ambiental, una faena, y para ello habrá un juez durante las 24 horas del día. Si se produce alguna situación que tenga que ver con incumplimientos o algún daño ambiental, basta con que alguien díga lo que ocurre, para que se adopte las medidas», dijo.
Preocupación
Dijo que entiende la preocupación de la gente que siente que se podría ver afectada. Pero insistió «el proyecto Hales tiene resolución ambiental desde el 2005 y cuando empiecen a operar ya tendremos superintendencia, tribunales ambientales y por lo tanto yo quiero decirles que la fiscalización de los compromisos adquiridos de la Resolución de Calificación Ambiental es un compromiso vinculante, fiscalizable, sancionable con multas hasta de 8 millones de dólares e incluso con la revocación de la resolución si es que el evento es muy grave, y por tanto la situación de fiscalización y sanción es radicalmente distinta».
Enfatizó que al tener estos organismos cuya única misión es fiscalizar, van a tener la garantía que va a cambiar absolutamente la fiscalización. Además las superintendencias tienen las facultades para revisar la Resolución de Calificación Ambiental en el evento que por ejemplo haya impactos no previstos durante la evaluación y que aparezcan durante la operación. Así podría imponerse nuevas acciones o mitigaciones.
«Vamos a tener un control riguroso, presente», sentenció.
Fuente/ El Mercurio de Calama