(El Mercurio) El seremi de Salud, Raúl Martínez Guzmán, que el pasado 28 de julio a través de la resolución 2225/2010 reabrió la mina San José, cerrada tras el accidente que afectó al trabajador Gino Cortés, el 3 de julio, renunció ayer, según él, decepcionado, porque el Gobierno no respetó la institucional ambiental vigente al ceder a presiones para trabar la concreción de la termoeléctrica de Barrancones.
Sobre la autorización de reapertura de la mina San José, una semana antes del derrumbe que todavía mantiene atrapados a 33 mineros, Martínez dijo «estar tranquilo, puesto que fue solamente un acto administrativo, quien tiene facultad de cerrar o abrir una mina es Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería), estoy dispuesto a ir y explicar todo esto a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, porque no conocen la legislación minera, son ignorantes en esa materia», enfatizó Martínez .
Asimismo, criticó el excesivo centralismo del Gobierno en la toma de decisiones en la gestión de la crisis de los mineros, dado que como autoridad regional se sintió pasado a llevar. «Existe una institucionalidad regional, que estaba funcionando muy bien, pero he tenido diferencias de opinión con las autoridades del nivel central, que han motivado mi renuncia. Han sido muy centralistas para tomar decisiones», comentó.
El renunciado seremi tiene un especial interés por la legislación ambiental dado que como integrante de la Comisión Regional de Medioambiente de Atacama, tenía que revisar el proyecto de la central térmica de Castilla, en el cual ha tenido un especial protagonismo. En julio pasado, cambió la calificación de las futuras emisiones de las chimeneas de «contaminante», como lo había hecho su predecesora, Pilar Merino, a «molesta», lo que permitiría su aprobación ambiental.
Esto motivó que sus opositores, en especial el arquitecto Gonzalo Domínguez, interpusiera un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para pedir que revocara la reconsideración que hizo Martínez, por lo cual fue citado a declarar por parte del tribunal. «Estoy tranquilo con esa decisión, nos apegamos a lo que dice la ley, por eso estoy seguro que el tribunal nos dará la razón», se defendió.
Sobre su renuncia también explicó que «no me gusta cuando un gobierno cede ante la presión que puedan ejercer 2.000 personas que salen a protestar contra un proyecto y no se respeta la legislación vigente. No es una buena señal la que se está dando», se quejó.
Alejamiento
Raúl Martínez también mantuvo diferencias con la directora de Salud de Atacama, Paola Newmann.
Fiscal pedirá arraigo nacional para los dueños del yacimiento
«A lo menos se pedirá el arraigo nacional para los dueños de la mina San José», señaló el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, tras anunciar que pedirá esta semana una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Caldera para formalizar a Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny por cuasi delito de lesiones graves a raíz del accidente de Gino Cortés, que le costó la amputación de su pierna izquierda. No obstante, el fiscal dijo que «analizará hasta el último momento de la audiencia» la posibilidad de pedir en esa cita la prisión preventiva para ambos empresarios mineros.
Sobre el derrumbe que atrapó a los trabajadores, Mella reiteró que seguirá reuniendo antecedentes, pero que ahora su prioridad «siempre ha sido el rescate».
Asimismo, agregó que respecto del accionar de Sernageomin en el tema del derrumbe, las pesquisas apuntan primero a determinar las autorizaciones que se emitieron por parte de este servicio, mientras que en segunda instancia aparecen las tareas de fiscalización. «Todo eso es parte del largo proceso que se debe verificar, ya que son muchas las personas que han intervenido», dijo.
Personal de la PDI siguió ayer en esa tarea, recabando más antecedentes en las faenas de la propia mina San José. Esos documentos incautados por la policía civil -explicó Mella- son «importantes», los que han permitido generar una mirada mucho más completa de la situación.
Fuente / El Mercurio