(DF).- En pleno llegaron ayer hasta las oficinas del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, los seis presidentes de ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) encabezadas por su máximo representante, Rafael Guilistasti.
Y aunque se le quiso dar a la cita un tinte más bien protocolar y vinculado a la emergencia tras el terremoto del pasado 27 de febrero al asegurar que «estaba programada antes, pero tuvo que ser postergada», uno de los objetivos centrales que llevó al empresariado a concurrir hasta el piso 12 de Teatinos 120 fue la inquietud por una posible alza de impuestos, incluyendo el royalty, considerado un instrumento más para financiar la reconstrucción.
De hecho, Guilistasti junto con expresar «la absoluta voluntad de cooperación del empresariado chileno en las tareas de reconstrucción», dejó claramente expresada la preocupación de los privados en la materia.
«Creemos que los impuestos debieran ser utilizados sólo en última instancia, porque aquí el incentivo y el motor de la reconstrucción va a ser el gran flujo de inversión que tendrá el país hacia delante», advirtió el presidente de la CPC, agregando que dichos proyectos serán adicionales a las tareas vinculadas a la reconstrucción y que tienen que ver con «el enorme potencial en áreas como grandes inversiones mineras, energía e industria», puntualizó.
Ahora bien, respecto del mix de financiamiento que el empresariado considera más conveniente, Guilistasti subrayó que «de preferencia debiera pesar más el endeudamiento interno y externo, las donaciones y posibilidades de venta de activos», así como también «instrumentos e incentivos tributarios».
Otro tema clave para el empresariado, dijo el titular de la CPC es «apuntar a equilibrios macroeconómico de tipo de cambio y tasa de interés».
El timonel de la cúpula empresarial también se refirió al fuerte aumento que han tenido los despidos bajo la causal de razones de fuerza mayor que aluden al terremoto.
Ante ello, Guilisasti sostuvo que «tenemos un acuerdo con la CUT y que en las zonas afectadas debemos adecuar la legislación laboral de manera que no haya situación tan extrema», tras lo cual recalcó que el numeral 6 de la causal 159 «es para casos absolutamente excepcionales y en los que haya una inviabilidad absoluta de continuidad de la empresa».
Informe sectorial
En la cita, el jefe de las finanzas públicas solicitó a los presidentes de rama que entreguen al gobierno una minuta con el diagnóstico de los daños en los distintos sectores y de cómo ha ido dándose la normalización productiva. La idea, dijo Larraín es «poder conversar en caso de que existan diferencias en algunos temas y alguna de las áreas y saber cuáles son los cuellos de botella que tenemos».
Fuente / DF