(MINERíA CHILENA) La industria minera chilena puede hacer un positivo balance de lo que fue 2012, pero tiene preocupaciones serias para el futuro. Respecto del año que ya se fue, los números fueron positivos: la actividad creció en el país aproximadamente 3%, con una producción en torno a los 5,4 millones de toneladas de cobre, 150.000 toneladas más que en 2011, mientras que las exportaciones totalizaron US$50.000 millones, según estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami.
Frente a este rendimiento, el presidente de la entidad, Alberto Salas, señala que “a principios del año nuestras proyecciones eran más auspiciosas, sin embargo, debido a la disminución de las leyes del mineral superior a la prevista y considerando algunos problemas técnicos que hemos observado en algunos yacimientos mineros, la producción cuprífera ha sido menor”.
Al respecto, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, hace ver que “al no poder incrementar la producción, no estamos aprovechando plenamente este ciclo de precios altos”.
El precio del cobre se situó en US$361,7 c/lb, entre enero y octubre del año pasado. Con ese valor la minería aportó aproximadamente US$9.000 millones a los ingresos fiscales de 2012, según expuso en su cuenta pública el ministro de Minería, Hernán de Solminihac. Es decir, uno de cada seis pesos del presupuesto del país proviene de la actividad extractiva. “Chile es y seguirá siendo un país minero, y la industria minera va a seguir siendo un gran aporte al desarrollo de nuestro país y de sus habitantes”, destacó el secretario de Estado.
Otra nota positiva fue aportada por la estimación de inversión en proyectos mineros que, según el catastro de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), a junio de 2012, alcanzaría a US$104.300 millones hacia 2020, perspectiva que hoy la industria ha puesto en duda. “Hemos planteado que existen diversas señales de preocupación respecto al ritmo de avance de algunos de estos proyectos de inversión, ya que con mayor fuerza estamos percibiendo que aspectos claves para su materialización podrían obstaculizar o retrasar su ejecución”, dice Alberto Salas.
En el mismo sentido, Pascual Veiga, presidente de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), sostiene que el que pasó “fue un buen año en términos de resultados y volumen de negocios, pero preocupante por lo que se ha visto en relación con la postergación de proyectos. Positivo por el buen precio de los commodities que sostuvieron un nivel alto y con pocas variaciones, y negativo por la demora o cancelación de proyectos relevantes, tanto de generación eléctrica que hipotecan los precios y disponibilidad a futuro y, como consecuencia, los mineros; y en parte por la judicialización de proyectos”.
En tanto, Juan Carlos Guajardo, presidente ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), considera que 2012 fue un buen año “en el contexto del súper ciclo que estamos viviendo en la minería desde hace aproximadamente 10 años”. A su juicio, la crisis en los países desarrollados tuvo un efecto más duro en las expectativas económicas, y si bien China mostró números más débiles, “ha habido una exageración en los temores respecto de ese país, como se está demostrando ahora, que está recuperándose fuertemente”.
Seguridad y otros avances
Un punto importante a destacar, a juicio de Joaquín Villarino, fue haber sacado adelante la regulación de cierre de faenas mineras, “que aunque dejó algunos vacíos e imprecisiones derivados de la ley, estableció una buena base de reglas para operar”, dice. Asimismo, menciona el avance en las medidas administrativas de la agenda pro-inversión. “Como Consejo Minero nos enorgullecemos de haber podido abordar con una visión de industria la escasez de capital humano calificado, mediante la creación del Consejo de Competencias Mineras”, agrega.
Por su parte, Pascual Veiga destaca lo realizado en seguridad: “El principal hito positivo de 2012 para la minería en Chile ha sido la permanente tendencia a la disminución de la tasa de accidentabilidad de la industria, como asimismo la baja en el índice de gravedad. Es decir, las fatalidades siguen disminuyendo”, afirma el representante de los proveedores.
Como dio a conocer el ministro De Solminihac en su cuenta anual, basado en la estadística del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, a noviembre de 2012 se registraron 21 víctimas fatales, el menor número en los últimos cinco años. La tasa de accidentabilidad fue de 1,8 por 100 trabajadores, erigiéndose como la actividad con el mejor indicador en Chile. No obstante, la tasa de fatalidad fue de 13,4%, la más alta después del sector transportes, siendo estas dos actividades las únicas en superar los dos dígitos en el país.
El titular de Minería también destacó la reducción en los tiempos de revisión de solicitudes de concesiones de explotación, pasando de 229 días a 70 días, según información del Sernageomin.
Otro aspecto positivo para la cartera fue la modernización de la gestión de la Empresa Nacional de Minería (Enami) y la mejora de sus resultados: “Esto ha dado inicio a un modelo de gestión más personalizada y esperamos que esté completamente implementado este año (2012) y que dé sus resultados el próximo año (2013) en forma cabal”, dijo De Solminihac.
Por el lado de Codelco, también hubo buenas noticias, dado que en 2012 registró su segunda mayor capitalización histórica de utilidades, totalizando US$800 millones. Además, la Corporación llegó a un acuerdo con Anglo American que puso término a la disputa judicial entre ambas compañías por la propiedad de Anglo American Sur (AAS).
En materia ambiental, lo destacable es la implementación de la Ley de Cierre de Faenas, con su reglamento entrado en vigencia. El Ministerio encomendó al Sernageomin constituir un equipo especializado para su cumplimiento.
Lo malo y lo pendiente
Sin embargo, no todo fue bueno para la industria en 2012. En el sector minero hay coincidencia en que la postergación de proyectos por factores de costos, junto a la judicialización, son condiciones preocupantes. Como alerta Joaquín Villarino, : “Si bien la visión sigue siendo auspiciosa, en ningún caso da por sentado que las inversiones se ejecutarán en las cantidades y fechas previstas”. Y especifica que “al menos un 30% de proyectos de la cartera que se había dado a conocer tiempo atrás para 2020 no se materializaría en las fechas previstas”. Una visión que ya manifestó en la Cena Anual del Consejo Minero, donde dijo a los presentes –incluido el Presidente de la República- que “tenemos una institucionalidad desafiante, un sistema de formación y capacitación deficiente y un panorama energético que nos preocupa”, problemas que demandan, dijo, decisiones urgentes y de largo plazo.
Para Juan Carlos Guajardo, hay tendencias que requieren observarse, como el aumento de costos, que ha pasado a ser una “variable bastante seria, sobre todo en el aspecto de la energía”, dice, añadiendo que las dificultades para materializar proyectos de inversión “se han hecho mucho más evidentes e insoslayables”. Junto con ello, menciona que está latente un tema más estructural y que si se quiere pensar en una efectiva sustentabilidad de país, “hay que abordar los desafíos de la institucionalidad pública”.
Ello, acota, implica “abordar seriamente el diálogo social e incorporarlo de una manera más formal”. Todo esto, recuerda, enmarcado en un año electoral.
Especialmente inquietante para la industria es la incertidumbre que existe frente a la disponibilidad de generación eléctrica futura y de expansión de los sistemas de transmisión, para abastecer los próximos desarrollos mineros, especialmente en la Región de Atacama. Como enfatiza Pascual Veiga: “En lo que es energía, a todos nos sorprendió el rápido y sostenido crecimiento del país, en particular de la minería, y su correlación con la generación y transmisión. Según los estudios actuales habría que agregar otros 12.000 MW en 12 años, de manera que esa energía eléctrica y el buen uso de ella nos permita llegar a ser un país desarrollado. Creemos firmemente que si junto con la carretera eléctrica se hace la unión entre el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC), nos permitirá tener una industria minera sustentable por muchas décadas y con ella llevar al país al sitial que todos anhelamos”.
Por su parte, Alberto Salas aboga por que se fortalezcan los mecanismos que permitan a los inversionistas contar, en forma clara y concreta, con la certeza jurídica y económica necesaria para materializar sus proyectos de largo plazo. Para el líder gremial, las principales causas que están poniendo en riesgo la ejecución de estos proyectos tienen relación con la energía, disponibilidad de recursos hídricos y capital humano. A ello se agrega la incertidumbre jurídica respecto de los permisos medioambientales, producto de la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Creemos que lo más importante es que el Estado (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) genere instancias políticas que den certeza jurídica a nuestra institucionalidad, destrabando y facilitando la concreción de nuestra carpeta de inversiones”, afirma.
En relación con el proyecto de ley de Seguridad e Institucionalidad Minera, que fue abortado por la Cámara de Diputados, Alberto Salas lamenta que el Ejecutivo no haya acogido todas las inquietudes planteadas por la Sonami, a pesar de que hubo consenso en algunas propuestas.
Para Veiga, en tanto, una tarea pendiente es la homologación entre los proveedores de la minería, ya que –dice– ven “con frustración que, a pesar de todas nuestras gestiones en los últimos años, la diversidad de requisitos que imponen las diferentes operaciones mineras aún se mantienen, lo que lleva tanto a clientes como a prestadores de servicios a una pérdida de productividad, con el consiguiente aumento de costos para todos los involucrados. Más de US$15 millones por año se gastan en la industria minera por no tener un sistema homologado de ingreso de personas y vehículos”.
Mirando a futuro
Según la “Encuesta Periódica del Mercado del Cobre” dada a conocer por Cochilco, y en la cual fueron consultados 27 especialistas (economistas, consultores, académicos), el precio promedio de la libra de cobre se situaría en US$3,57, llegando a una media de US$3,17 hacia 2017.
Para 2013 la Sonami espera un crecimiento sectorial en torno al 6%, con una producción de cobre cercana a los 5,8 millones de toneladas y exportaciones mineras por US$55.000 millones. El precio del cobre prevé que se sitúe en un rango entre US$3,6 y US$3,8 por libra. “Por cierto que esta proyección tiene elementos de riesgo y ellos dicen relación con el comportamiento económico de Estados Unidos, Europa y particularmente de China, que es el principal consumidor de cobre del mundo”, aclara Salas.
Con todo, el representante de la Sonami precisa que los fundamentos del mercado están sólidos, considerando que se ve una oferta restringida que no ha podido satisfacer adecuadamente la demanda. “En efecto, los costos de inversión han aumentado significativamente respecto de los observados hace algunos años. Adicionalmente, las leyes del mineral han disminuido, lo que incrementa los costos de operación, a lo que se agrega que en los últimos ocho años la producción mundial de cobre ha sido inferior en un millón de toneladas anuales respecto de lo proyectado inicialmente y, finalmente, parte de los nuevos proyectos están en zonas potencialmente inestables, me refiero a África y algunos países de Asia. Y por el lado de la demanda vemos tasas de interés bajas y una importante demanda de China, nación que continuará siendo el motor del mercado de los metales y particularmente del cobre”, comenta.
En materia de proyecciones, en Aprimin creen que el mercado del cobre se mantendrá en un equilibrio tal, que permitirá la continuidad de precios. “Estamos convencidos que, por los niveles de producción mina y la demanda internacional, los fundamentos básicos de la industria seguirán en un equilibrio que permitirá mantener los precios del cobre en niveles similares a los de hoy. Estamos optimistas que esto nos permitirá, como Aprimin, tener un 2013 con un crecimiento igual o mayor al que termina”, asevera Veiga.
Mirando las necesidades de largo plazo de la industria, hay consenso en la prioridad de avanzar en la formación de personal técnico para la industria minera. En ese sentido, el representante de Aprimin hace ver que varias compañías mineras han debido crear sus propios departamentos de capacitación para cumplir con sus necesidades específicas.
Destaca que la asociación creó el año pasado la Corporación Educacional Aprimin, para ayudar en este proceso. “Nosotros no somos los expertos en cómo enseñar, pero sí tenemos muy claro cuáles son las competencias que deben tener los egresados de las distintas carreras que se desempeñan en el mundo de la minería. Tenemos el conocimiento de cómo hacer y lo que se requiere en terreno. Estamos trabajando y tenemos claros los planes de acción para 2013 centrados en nuestros tres lineamientos básicos: entidad articuladora, calidad y cantidad en la formación de técnicos para la mantención y operación en la minería”, apunta el ejecutivo.
Una iniciativa que se enmarca en esta línea es el Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial. Sin embargo, Veiga considera que aún falta incorporar y materializar otros temas relevantes en este plan, para tener en Chile un cluster minero real, en aspectos como la consolidación de alianzas estratégicas entre empresas productoras y empresas proveedoras de bienes y servicios de largo plazo, que “generan confianza y valor agregado”; minimizar y homologar la variedad de requisitos de ingreso a faenas, aspirando a un único estándar nacional; promover un cambio cultural a todo nivel de las organizaciones en la búsqueda permanente de agregar valor y mejoras de productividad tanto en proyectos como en las operaciones actuales; y trabajar para que las personas perciban la minería como un lugar atractivo donde trabajar.
Fuente / MINERíA CHILENA