(La Segunda) El presidente del Senado, Jorge Pizarro, señaló que la aprobación del proyecto que aumenta el impuesto específico a la minería, es un acuerdo razonable que tendrá un efecto “positivo en las regiones mineras con más desarrollo productivo”.
Al respecto, el parlamentario indicó que la iniciativa establece las condiciones que permitan a la actividad minera un mayor aporte al país, resguardando los derechos básicos que sus inversiones requieren y comprometiéndose a una política de desarrollo responsable, mediante el establecimiento de un nuevo régimen impositivo a dicha actividad, y creando el Fondo de Inversión y Reconversión Regional.
También, el senador aclaró que el nuevo régimen impositivo a la actividad minera, será aplicable a los proyectos mineros que se desarrollen en el futuro, con una tasa que va del 5% al 14%, según el margen operacional minero que corresponda.
En tanto, para los actuales contribuyentes mineros que hubieren celebrado con el Estado un contrato de invariabilidad tributaria, y que voluntariamente se acojan a este nuevo sistema impositivo, Pizarro explicó que “se establece un período de transición de 3 años (desde 2010 a 2012), con una tasa que va del 4% al 9%, extendiéndose el plazo de invariabilidad establecido en cada contrato, por seis años adicionales”.
En la misma línea, el titular del Senado, sostuvo que se crea un Fondo de Inversión y Reconversión Regional cuyos recursos se aplicarán para el financiamiento de obras de desarrollo de las regiones del país, mientras que respecto de la distribución de los recursos a regiones, un tercio de la recaudación se destinará a las regiones mineras y dos tercios a todas las regiones del país, incluidas las mineras.
Además, añadió que el tema de la invariabilidad deja de tener importancia, porque la sola escala va a tener permanencia por si misma. “Los inversionistas no van a tener dificultades al saber que en Chile hay reglas estables y permanentes sin riesgos”.
“El acuerdo logrado tiene todo un beneficio, porque vamos a tener una tributación estable para la gran minería, porque la escala que se está aplicando es justa y equitativa tanto para el inversionista como para el Estado chileno”, agregó.
Finalmente, Jorge Pizarro, aclaró que “lo más importante de todo es que con la eliminación del Decreto Ley 600 y la creación de un nuevo estatuto del inversionista, se termina con esta situación anómala que significa garantías especiales para la inversión extranjera como la invariabilidad”.
Fuente/La Segunda