«Nosotros somos testigos de cómo se ha deteriorado el medio ambiente», denuncia Yasna Galleguillos, cabeza de la brigada ecológica de Alhué, localidad de la Región Metropolitana que se vio afectada en abril de 2006 por el derrame de 10 mil litros de aguas contaminantes del embalse Carén, lugar donde la División El Teniente de Codelco vierte sus relaves y cuya capacidad pretende aumentar.
El pasado 20 de marzo -mediante Resolución Exenta (RCA) Nº 880/2008- la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado «Peraltamiento Embalse Caren» de Codelco que corresponde al aumento de la capacidad del tranque y a la prolongación de su vida útil hasta el 2064. «Ese tranque no cumple ninguna norma técnica. En vez de exigirle a Codelco someterse a la regulación ambiental, la autoridad hace lo contrario y más encima le aprueba un nuevo proyecto», denuncia el senador Guido Girardi.
El parlamentario patrocina el recurso de protección en contra de la Conama -acogido por el tribunal el miércoles- por aprobar «de manera arbitraria e ilegal» el proyecto «afectando con ello los derechos constitucionales de los recurrentes a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En ninguna parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se hace referencia al derrame ocurrido en 2006. La empresa lo omitió», acusa el abogado querellante, Lorenzo Soto. «La gente se bañaba en este estero, incluso tomaba agua, los animales también. Eso ya no ocurre», comenta Yasna Galleguillos. «Hoy tenemos prohibición de sacar agua de las norias por el alto índice de los sulfatos». Lo que señala Galleguillos se puede leer en un documento que la Seremi de Salud Metropolitana redactó en junio del año pasado. A más de un año del incidente, el muestreo exigido a la empresa a las norias en el área de influencia del derrame señala que las muestras tanto de Codelco como de la Seremi «ratifican la mala calidad del agua, en lo que al parámetro sulfato se refiere». Es más: en su EIA, la minera estatal reconoce que en las dos norias existentes aguas abajo el sulfato está presente de manera significativa.
Con estos antecedentes, La Nación intentó conocer la posición de la Seremi de Salud en la aprobación del proyecto, pero no obtuvo respuesta.
Uno de los predios más afectados pertenece a Fernando Zúñiga. El estero bordea su propiedad y Zúñiga asegura que ha perdido más de 110 animales. En mayo del 2007 entabló una demanda civil por daños a la propiedad con una indemnización de 2 mil millones de pesos. «Ahí siguen muriendo animales», acusa el diputado (UDI) por la zona, Alejando García Huidobro. «Pedimos que no se autorizara ese proyecto, menos si el estero aún está contaminado. Es impresentable ampliar este tranque», agrega.
«Nosotros vamos a llegar hasta el final con esto», anuncia Lorenzo Soto. «Tenemos un recurso de reclamación en el Consejo de Ministros, una denuncia en la Fiscalía y una orden de no innovar que tiene que despejarse en los próximos días para paralizar el proyecto. No vamos a dejar que Codelco lo lleve adelante en completa impunidad», advierte.
Codelco desecha acusaciones
El gerente de sustentabilidad de Codelco El Teniente, Jorge Sanhueza, respondió uno a uno los cuestionamientos. Sanhueza explica que el EIA se presentó un año después del derrame en abril de 2007 y los monitoreos de la calidad de las aguas que se realizaron en el transcurso de ese año fueron incorporados. «Fundación Chile certificó con análisis químicos de suelo que no quedaba más relave. Recién ahí nos autorizaron a descargar aguas al estero», explica. «El estero no está contaminado. ¿Los sulfatos? Hay algunos agricultores que utilizan esa agua para plantaciones menores y se infiltra en las norias. Pero estamos dentro de los parámetros».
Sanhueza acusa que no hay ningún argumento ambiental en contra del proyecto, sino motivaciones económicas, y apunta al caso de Fernando Zúñiga. «Como todas las mineras, queremos comprar esas tierras para tener cierto margen alrededor del embalse y los Zúñiga están en esos márgenes. ¿La muerte de animales? El señor Zúñiga nunca dejó entrar al SAG a hacer mediciones y análisis de los animales. Eso nos merece dudas».
Con documentos en la mano, acredita las multas del SAG, Sernageomin, autoridad sanitaria y de la SISS, tras el derrame de 2006 y asegura que «no hay manga ancha con Codelco. Este fue un incidente grave pero remediable. Tuvimos dos años de fiscalización y ya está remediado».
Fuente / La Nación