(The Economist ) Entre los jefes de las principales empresas petroleras, José Sergio Gabrielli se destaca como una persona poco usual. Jefe ejecutivo de Petrobras, el gigante de gas y petróleo en parte privado y en parte público de Brasil, Gabrielli escogió la política de izquierda a los 15 años. Después de pasar seis meses en prisión durante la dictadura militar, se cambió al campo menos contencioso de la macroeconomía, obtuvo un doctorado de la Universidad de Boston y un cargo como profesor de una universidad brasileña. Al regresar a la política de izquierda en la década de 1980, hizo campaña en pro del Partido de los Trabajadores del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las conexiones políticas son esenciales para Petrobras. Aunque el 60% de sus acciones se transan, aún el gobierno federal es su principal accionista. Su consejo es presidido por la jefa de gabinete de Lula, Dilma Rousseff.
El Congreso de Brasil hace poco nombró una comisión para que investigara a la empresa petrolera, en respuesta a algunas afirmaciones de contratos abultados y motivación política en sus actividades de beneficencia. Esta semana el periódico O Globo entregó un indicio de lo que está por venir con una historia que revelaba que un abastecedor de Petrobras dio como dirección una casa abandonada ocupada por 60 perros vagos y 300 gatos.
Gabrielli dice que acepta con agrado la investigación como una posibilidad para que la ciudadanía escudriñe la mayor empresa de Brasil, pero le preocupa que esto se convierta en un circo político. Habrá muchas más de esas acusaciones y es probable que creen una impresión de fechoría aun cuando nada se demuestre realmente. Lo mismo sucede con el gran presupuesto que se destina a beneficencia; la empresa ayuda a salvar tortugas y entrega subsidios para películas. Esto se administra en forma más profesional que en el pasado, pero aun así Petrobras es vulnerable a los cargos políticos.
Aunque la investigación tal vez haga cierto daño a la reputación de la empresa, probablemente éste sea leve. La comisión está constituida en su mayoría por gente pro gobierno. Sus miembros incluyen a Fernando Collor, un ex Presidente brasileño que renunció en 1992 mientras enfrentaba una acusación por corrupción; y Marcelo Crivella, un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, una agrupación pentecostal.
Una segunda incertidumbre que enfrenta la compañía tiene que ver con un nuevo marco legal que rige las nuevas exploraciones para el petróleo «sub-sal» (yacimientos se encuentran debajo de una capa de sal bajo el lecho marino). Una comisión que designó el gobierno para que estudiara esto tiene que entregar su informe dentro de poco. Se espera que ésta proponga adjudicar todos los derechos no asignados en el área sub-sal (62% del total) a una nueva compañía totalmente estatal, la que se asociaría con Petrobras o alguna otra firma que firme contratos de exploración.
Diferentes facciones de gobierno están a favor de destinar los ingresos de estas sociedades a educación o infraestructura, mientras que otros personeros quieren que entren a formar parte de las arcas federales generales.
La principal empresa de petróleo del país continúa insistiendo en un ambicioso plan para invertir US$174 mil millones durante los próximos cinco años. Algunos críticos preguntan cuánto de esto se materializará. Pero Gabrielli señala que aun cuando el precio del petróleo baje a US$45 el barril, los US$30 mil millones que él ha recaudado este año serán suficientes para financiar los planes para los próximos dos años. Si el precio del crudo está en US$65 el barril, la empresa puede financiar planes para los próximos cinco años. Además de desarrollar los nuevos yacimientos, quiere construir cinco nuevas refinerías, generar más electricidad y formar una red de gasoductos en Brasil.
Además, Petrobras recibió US$10 mil millones del gobierno de China a principios de este año, a cambio de prometer a Sinopec, una firma de petróleo estatal de China, un abastecimiento garantizado de hasta 200 mil barriles de petróleo diarios por 10 años.
Petrobras planea invertir US$174 mil millones en cinco años.
Fuente / The Economist