(El Mercurio).- Para Patricia Silva los próximos meses marcarán el fin de cuatro años al mando de la Dirección del Trabajo (DT). Aunque sigue con su agenda llena de compromisos y trabajando en varios procesos como la implementación de la Ley de Igualdad Salarial que el sábado entró en plena vigencia, tiene claro que, pese a que se avanzó en materia laboral y en protección a los trabajadores, hay grandes temas que todavía están pendientes que dependerán del próximo gobierno.
-Durante su gestión se lograron cambios importantes en temas laborales. Pero, ¿cuál es la principal deuda que dejará el 11 de marzo?
«El tema de la reforma laboral con el componente de la negociación colectiva es un tema pendiente. Nosotros, con el conocimiento que tenemos del tema, sabemos de la necesidad de modernizar, limpiar y desformalizar un sistema que esta híper regulado. Hoy las dos partes de un proceso lo único que hacen es buscar que el otro se caiga en los plazos, y lo único que hacen es presentar recursos inexistentes y judicializar todo. No se sientan nunca a discutir el fondo».
«Está tan regulado el procedimiento de negociación colectiva, que se vuelve inoperante y ayuda poco a que las partes se sienten a dialogar. Hoy está muy limitado quiénes negocian, y las materias que se pueden negociar».
-¿Cree que esto se ha transformado en un obstáculo para las negociaciones?
«Ha sido un obstáculo para avanzar, se pudo avanzar mucho más en los acuerdos, pero como no había herramienta legal no se logró. Éste es un país que es esencialmente legalista y para todo se quiere una ley. Los acuerdos no valen, entonces aquí las desconfianzas están instaladas. Tuvimos que empezar a regular incluso el cierre de la jornada para las elecciones».
-Muchos critican el que en estos años la DT haya tomado un rol tan protagónico a la hora de regular y fiscalizar. Desde su punto de vista, ¿son válidas esas críticas?
«Creo que hay que entender la justicia laboral. Hay una sede administrativa, rol que cumple esta institución, y otra es la sede judicial. Nuestro rol de fiscalizadores es nada más que constatar en los hechos lo que está ocurriendo en la relación laboral».
«Ha habido poca comprensión del rol que juega la autoridad laboral en el marco de un sistema de justicia laboral donde tenemos la obligación y necesidad de tener una relación fluida con el Poder Judicial. Antes de la reforma, tanto trabajadores como empleadores preferían acudir aquí a consultar algo que en un tribunal tenía mucho tiempo de demora. Todos sabían que aquí, con nuestras capacidades y también deficiencias, tenían una respuesta más rápida. Conocemos la realidad laboral, somos especializados, conocemos a los actores y confían en nuestras resoluciones».
«Muchas de las funciones que cumplimos se han desarrollado a partir de la solicitud que han hecho los propios actores. Hoy, gran parte de las solicitudes de mediación no viene de parte de los trabajadores, sino de los propios empleadores que confían en la institución. La crítica es coyuntural, pero ellos saben que sin esta autoridad laboral se complejizaría mucho más el conflicto laboral. Finalmente terminan reconociendo el enorme rol que juega esta institución, y creo que eso es lo importante».
Los mayores logros
Más allá de los temas pendientes y de las críticas, durante los últimos cuatro años se establecieron una serie de reformas que cambiaron de forma sustancial el escenario laboral, y es precisamente lo que tiene a Silva orgullosa de su trabajo al mando del ente fiscalizador.
«En esta gestión nos ha correspondido asumir varios desafíos importantes, como fue la ley de subcontratación. Y no lo digo sólo con el componente de la eliminación de suministro ilegal de trabajadores, sino que respecto a lo que significó para el servicio hacerse cargo de la certificación de cumplimiento laboral. Asumir esa responsabilidad fue un tremendo desafío de organización interna. Pero sin duda, el principal logro, y me voy muy satisfecha con eso, ha tenido que ver con el rol en el marco de la Justicia Laboral».
– ¿De qué forma debieron ajustarse como servicio para asumir las nuevas tareas que les correspondían por la reforma?
«Somos la puerta de entrada al sistema de justicia laboral, y esto lo digo con total orgullo y certeza; hemos sabido asumir con gran responsabilidad el tremendo impacto que ha significado asumir ser parte esencial de esta reforma. Y también todo lo que ha sido el desafío que nos asignó la ley en el marco de volver a reconocer la legitimidad, profesionalismo, calidad del trabajo de esta institución asignándonos, nuevamente, el rol de fiscalía laboral con la investigación de la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores».
-¿Cuál ha sido el mayor desafío que han debido asumir en este sentido?
«El proceso ha sido un enorme desafío, inversión y capacitación. Tuvimos que hacer una modernización total de los procedimientos. Tuvimos que generar todo un sistema de seguimiento de las causas. Esto me tiene muy contenta y creo que es un sello importante en términos de gestión y modernización».
«La modernización no se hace de un día para otro, no se hace en una sola gestión, tampoco por resolución. Hemos salido muy satisfechos. No es autocomplacencia, los otros actores, como defensoría o el Poder Judicial, reconocen el rol importante que estamos jugando».
‘Hoy las partes en un proceso de negociación lo único que hacen es buscar que el otro se caiga en los plazos, presentar recursos inexistentes y judicializar todo. No se sientan nunca a discutir el fondo».
‘Gran parte de las solicitudes de mediación no viene de parte de los trabajadores, sino de los propios empleadores que confían en la institución».
Sus planes a partir del 11 de marzo
Según cuenta Patricia Silva, la experiencia al mando de la Dirección del Trabajo ha sido muy buena. «Siempre me he sentido fascinada en el ámbito laboral», cuenta.
Está contenta con lo que logró, pero asegura que todavía hay temas pendientes. «Fueron sólo cuatro años y había mucho que hacer. El Gobierno, en general, estaba diseñado en su programa para seis años», explica. Aunque no tiene claro lo que hará a partir del 11 de marzo, pretende volver a desempeñarse como abogada y seguir vinculada a la defensa de los derechos individuales y colectivos.
«Volvería a la administración pública; hay un tema de convicción por detrás», explica.
Fuente / El Mercurio