(MINERíA CHILENA) La condición de país minero, trae para Chile una serie de desafíos en materia ambiental. El propio Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de la Minería (Sonami), en un lanzamiento de guías técnicas de fitoestabilización manifestó: “no sólo somos líderes mundiales en la producción de cobre, sino también en la generación de relaves”.
En promedio, cada día el sector produce cerca de 3.300.000 ton de cobre fino y concentrado, lo cual trae consigo la generación de un millón de toneladas de relaves. Para trasladar dichas toneladas de relaves se requerirían cerca de 56.000 camiones diarios, cantidad que cubre una distancia geográfica equivalente, si colocamos un camión detrás de otro, desde la Plaza de Armas de Santiago hasta el norte de la ciudad de La Serena.
De acuerdo con los antecedentes entregados por Sernageomin, la cantidad de desechos que produce la industria minera ha generado la instalación de unos 867 depósitos de relaves en el país de los cuales el 14% se encuentran en operación y el 86% en abandono.
El abogado Julio Lavín Valdés, especialista del estudio Jara del Favero Abogados, explica “que el tema de los pasivos ambientales mineros es una realidad que ha sido abordada como un después de toda la inversión en normativa que se ha realizado en materia ambiental, las cuales han tenido como objetivo principal la prevención. Es decir, todas las normas promulgadas a partir de los ‘90 estuvieron orientadas hacia dicho punto (…) tratar primero de arreglar lo malo que existía, y luego empezar a prevenir, y para eso se citaron normas de calidad, emisión, entre otras”, sostiene el profesional y agrega que “esto es muy importante porque ha permitido que Chile frente a una realidad de contaminación importante, como es la Región Metropolitana, hoy día tenga índices manejables”.
Julio Lavín Valdés es abogado de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Católica. Entre 2005 y 2008 integró el equipo de profesionales que trabajó en el diseño del Anteproyecto de Ley de Pasivos Ambientales Mineros (PAM).
Lavín indica que, debido a que la minería es la principal actividad económica del país, el sector ha tenido normativas muy tempranas, como la de 1916 la cual establece una prohibición de verter aguas de relaves en los cursos hídricos. Dentro de esta línea, el especialista destaca el reglamento de seguridad minera, el cual busca que la actividad sea segura para los que intervienen en ella, es decir trabajadores y vecinos.
Sin embargo, este reglamento “no tiene la dimensión ambiental”, por lo tanto y bajo esta lógica, las autoridades no tendrían las facultades legales para exigir a los proyectos dicho punto de vista sino sólo el de seguridad.
Sin embargo, con la promulgación de la Ley 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, permite completar esta obligación que hoy carece el reglamento de seguridad minera. “Lo que pretende esta ley es evitar que se generen pasivos ambientales mineros”, precisa Lavín.
“Usted tiene que contar toda su historia: construcción, operación y cierre ambientalmente amistoso. Qué es lo que ocurre…vamos reduciendo hacia un rincón a los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), porque este pasivo que existe está asociado a tranques que se encuentran abandonados (…) hoy día no podrían generarse PAM hacia el futuro, no podría ser porque además también lo exige el Sistema de Impacto Ambiental desde 1997”, dice Lavín.
Para el especialista en derecho ambiental “el PAM es una deuda histórica del Estado y de la minería, antes que al Estado, hacia la ciudadanía, porque hoy día todo ciudadano cuenta con que la autoridad y el Estado, tienen los elementos necesarios para que pueda mantener una buena calidad de vida”.
Catastro de los pasivos
Debido a la carencia de normativa, Chile no cuenta con una definición legal de Pasivo Ambiental Minero (PAM). “Como Sernageomin no hablamos de pasivos mineros, sino de FMA/P; Faenas Mineras Abandonadas o Paralizadas. Como la labor de Sernageomin se centra en actuar sobre faenas activas, no tenemos potestad sobre las faenas abandonadas”, indicó la institución a MINERíA CHILENA en un comunicado.
Sernageomin cuenta en la actualidad con un inventario, el cual permitió realizar una evaluación de riesgo muy preliminar de FMA/P con el fin de entregar los antecedentes a las autoridades competentes. De dicha evaluación nace la publicación denominada “Catastro de faenas mineras abandonadas o paralizadas y análisis preliminar de riesgo”, el cual fue fruto de los esfuerzos colaborativos entre la organización, la japonesa JICA y la BGR alemana.
Entre 2002 y 2007 Sernageomin llevó a cabo el Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en Gestión Ambiental Minera (Focigam) gracias a la colaboración de Japón a través de JICA (Japan International Cooperation Agency). A raíz de este trabajo se estableció la necesidad de identificar aquellos lugares que constituyeran riesgos ambientales, de seguridad y salud de las personas.
Para hacerlo se diseñó una metodología que permitió establecer parámetros para este tipo de riesgos. Este primer avance concreto en el tema de los PAM derivó en un catastro de 213 faenas abandonadas, ubicadas entre las regiones de Tarapacá y Aysén, y que fueron seleccionadas más por el conocimiento que tenían por parte de la población y la cercanía entre ellas. De este grupo, 65 mostraron índices de alerta en el ítem seguridad en cuanto a los riesgos a la vida y a la salud de las personas.
Este trabajo ha sido continuado por Sernageomin, tras el término del proyecto Focigam, y en 2010 publicaron el catastro de riesgo de 409 nuevas faenas.
Un segundo avance importante en materia de pasivos vino con el proyecto de colaboración de Sernageomin y la BGR (Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales) de Alemania. Este trabajo desembocó en la redacción del anteproyecto de Ley de Ley de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) que hasta la fecha no ingresa a trámite legislativo y aún permanece en stand by en el Ministerio de Minería.
El abogado Julio Lavín señala que lo que entrega esta iniciativa legal son instrumentos de gestión para remediar los PAM. El primero obliga al responsable del pasivo a que contrate una evaluación de riesgo, con el objetivo de que determine si dicha estructura es inerte o genera algún peligro o riesgo.
Una vez obtenida la evaluación, la autoridad, junto con la opinión de los servicios competentes -como los ministerios de Salud, Medio Ambiente y Agricultura, entre otros- dictaminan la condición del PAM.
¿Quién paga?
El centro de la discusión del anteproyecto de ley es acerca de quién está llamado a remediar los pasivos. En el documento se propone el tema de la retroactividad, es decir que el costo de las eventuales remediaciones de pasivos sea asumido por quienes explotaron la faena o sus herederos. Sin embargo, dicha visión presenta sus reparos.
“Nos encontramos con una limitante legal y constitucional que obliga de nuevo a que esto sea materia de ley”, opina el abogado y agrega que “si yo me rijo por la legislación común y el Pasivo Ambiental Minero se estima que es un daño ambiental, dicho daño tiene un plazo de prescripción”.
“Entonces… ¿Cuál es el problema principal? Si yo considero al PAM como un daño ambiental, la Ley tiene sus plazos. Por ende, todo pasivo que esté presente en propiedades de compañías mineras o de pirquineros -personas naturales– ya pasando un periodo específico, quedan libres de responsabilidad. Resulta que los pasivos ambientales que fueron catastrados son de los años 30 del siglo pasado”, enfatiza Lavín
Para el especialista “esto es un dilema jurídico muy difícil de resolver, porque no puedo imponer por ley, con efecto retroactivo, responsabilidades”
El abogado ejemplifica: “Yo le digo al Estado, usted no tenía legislación para esto… por lo tanto no me puede imponer la obligación de remediar. Yo cumplí en mi tiempo, realicé mi actividad con las leyes que existían en mi tiempo. Yo cumplí con las leyes y yo dejé la faena de acuerdo con las condiciones que la Ley me exigía (…) por lo tanto usted (Estado), hoy día no me puede venir a imponer una obligación con efecto retroactivo. Usted (Estado) tiene un problema, tiene Pasivos Ambientales Mineros y no tiene a quién hacer responsable, porque no tuvo una legislación adecuada en su tiempo para exigir”.
Julio Lavín indica que hoy día el problema es quién se hace responsable
En Alemania la solución vino por parte del Estado, ya que éste se hizo responsable y generó lo recursos para costear los programas de remediaciones.
Para los actores de la industria el tema es relevante y argumentan que el responsable debe ser definido legalmente. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay consensos en cuanto a quién debe asumir los costos.
El abogado cuenta que en 2008, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) intentó gestionar un acercamiento entre el Sernageomin y los integrantes de la comisión que trabajaba en el anteproyecto para presentar una iniciativa a la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, la cual se basaba en modificar el royalty, y destinar parte de él a financiar programas de remediación. Sin embargo, vino la crisis, el precio del cobre cayó, y con ello, la propuesta.
“Esto es un típico objetivo de royalty minero. Más que en innovación, más que en otras cosas. Con este presupuesto, la minería lava la cara de la minería. Usted minero, ponga una cuota para que la minería, remedie los Pasivos Ambientales Mineros que existen… ¿con qué cargo? Con esta cuota que está poniendo del royalty”, enfatiza Lavín.
Y añade que “si hoy yo tengo un responsable, porque es la misma empresa que ha dejado (pasivos), aunque sean faenas abandonadas, usted (empresa) hágase cargo porque usted está (…). Frente a la falta de responsables, el royalty le aporta a la minería la remediación como Estado”, afirma.
El gerente de Estudios de Sonami, Àlvaro Merino, señala que la entidad gremial está disponible para avanzar en todas aquellas iniciativas que fomenten el desarrollo de una minería sustentable. “Se debe hacer una distinción entre los pasivos que se pueden generar de ahora en adelante y aquellos que han existido históricamente, porque no hay una persona natural o jurídica que se pueda determinar que sea responsable. Entonces hay labores, dentro del bien común, que le compete al Estado y él debe asumir ese rol”, finaliza.
Guías técnicas sobre fitoestabilización
Para poder validar e implementar la tecnología de fitoestabilización en los depósitos de relaves mineros de la Región de Coquimbo, el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) desarrolló durante tres años el proyecto “Uso de recursos fitogenéticos nativos para la fitoestabilización de depósitos de relaves”, iniciativa co-ejecutada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y apoyada por el Ministerio de Minería, el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Enami, Sonami y Anglo American.
Uno de los resultados como consecuencia de este proyecto fue el lanzamiento de la publicación técnica “Fitoestabilización de Depósitos de Relaves en Chile”, la cual consiste en cinco tomos cuyas temáticas están referidas a la metodología; aplicación sustentable de acondicionadores; flora y vegetación asociada a los relaves mineros abandonados; marco ambiental y relaves mineros abandonados; y propagación de especies vegetales nativas y endémicas.
Mayores antecedentes se pueden solicitar en el correo electrónico rginocc@cimm.cl.
Fuente/ MINERíA CHILENA