(Pulso) Oro Blanco salió al paso de los cuestionamientos que le hizo la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sobre ciertas operaciones bursátiles. Esto, como parte de la investigación que el regulador está llevando adelante, en respuesta a las solicitudes efectuadas por Moneda y las AFP Habitat, Provida y Cuprum.
Hace una semana, la entidad fiscalizadora cuestionó nueve operaciones de venta que ha efectuado Norte Grande en Oro Blanco (sociedades que controlan SQM), hechas entre el 1 de enero y el 22 de agosto de este año. Esta enajenación alcanzaría un total de $15.533 millones, con 2.305 millones de acciones transadas.
El regulador expuso que las unidades negociadas, al comprar lo remitido por Oro Blanco con lo informado por las tres bolsas del país, supera en un 26% lo señalado, y que en el mismo periodo Norte Grande había remitido transacciones con 649 millones de acciones, las que corresponden sólo a compras o adquisiciones.
Aldo Motta, gerente general de todas las sociedades que componen la cascada sobre SQM, afirmó que la diferencia entre lo informado por Norte Grande y Oro Blanco “se originaría en el Registro de Accionistas de la Compañía, de traspasos remitidos para su inscripción por corredores de bolsa de acciones, que propiamente, importan movimientos sólo en la custodia de esos intermediarios”.
Según Motta, al momento de ser recibidos los traspasos, “éstos carecían de timbre u otra señal que advirtiera que se trataba de un traspaso de custodia”. Asimismo, afirmó que dicha información ya está corregida, de modo que en el periodo el número total de acciones emitidas por Oro Blanco y transadas por Norte Grande son efectivamente de 649 millones.
Motta consultó cómo debieran ser los traspasos de custodia identificados por el respectivo corredor y qué medidas se pueden adoptar para aquellos casos en que la compañía reciba traspasos de acciones que correspondan a meras transferencias, “sin que en el documento correspondiente se advierta expresamente dicha circunstancia”.
Los cuestionamientos de la SVS fueron por operaciones de 2012, pero minoritarios han pedido que investigue operaciones desde los últimos tres años.
Fuente / Pulso