(La Segunda) La minera San Esteban deberá pagar US$5 millones (unos $2.455 millones) por el rescate de los 33 mineros que estuvieron atrapados durante 70 días en la mina San José.
Así quedó establecido luego de una extensa negociación entre la interventora del yacimiento y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Los mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad el 5 de agosto de 2010. Tras dos semanas de búsqueda, se logró contacto con los hombres y, a partir de ese momento comenzó un gigantesco despliegue de elementos humanos e ingenieriles, que incluyeron traer costosas maquinarias incluso desde el exterior, en el marco de la llamada Operación San Lorenzo.
Entre los costos en que debió incurrir el Estado está el uso de las máquinas perforadoras, todos los equipos de comunicación, los repuestos de la maquinaria y los tubos con que se llegó a tener contacto con los trabajadores y los que se construyeron para traerlos de vuelta a la superficie.
Litigio comenzó en noviembre de 2010
En noviembre de 2010 comenzó el litigio, cuando el CDE demandó a la minera para pedir el reembolso de lo gastado. En esa oportunidad, la entidad estimó que los costos totales eran cerca de US$ 22 millones, pero finalmente la demanda se presentó por US$ 10,3 millones. En la «boleta» que se pasó a la firma, no se consideraron los gastos de las empresas que colaboraron con Codelco.
La interventora de la minera, María Loreto Ried, indicó a «La Segunda» que «después que el CDE presentara la demanda, se llegó a un acuerdo en que la minera reconocería el pago de cinco millones de dólares. Falta un par de detalles, como algunas firmas, pero el acuerdo ya está hecho».
Ried agregó que «el pago del dinero se hará una vez que se vendan los activos mineros de la compañía, donde ya hay algunos interesados». Acotó que esto se hará de esta manera «porque en estos momentos la firma no tiene liquidez, sólo activos».
«Al final del día siempre la empresa estuvo por reconocer que tenía que pagar los gastos, pero una suma que fuera accesible», dijo la interventora.
Ried también dijo que esta negociación se realizó durante todo el año pasado y que recién en enero se concretó.
Según personas cercanas a la negociación, en la decisión del CDE fue clave la poca liquidez con que contaba la empresa.
Abogada de dueños: Nunca pretendieron evadir su responsabilidad
La abogada Catherine Lathrop, quien representa a los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dijo que «ellos nunca pretendieron evadir su responsabilidad por el accidente que tuvieron sus trabajadores, así como antes pagaron al síndico y han cumplido los acuerdos con los acreedores».
La abogada agregó que «ellos pagarán lo que estiman que es justo».
En tanto, y según consignó ayer martes Emol.com, el acta del 17 de febrero del CDE señala que se llegó a un acuerdo en que ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago se oficializará que «la empresa demandada reconocerá adeudar al fisco la suma de US$5.000.000, expresado en dicha moneda extranjera, verificando posteriormente el crédito en tales términos en el correspondiente convenio judicial preventivo».
El escrito también señala que «el compromiso de no impugnar el crédito del Fisco indicado en el acuerdo aprobatorio de 23 de agosto pasado sea adoptado por la junta de acreedores».
La millonaria demanda de los mineros
En paralelo a este proceso, otras dos causas relacionadas con los mineros se están viendo en tribunales.
Una de estas es la demanda civil que presentaron 31 de los 33 trabajadores en contra del fisco, por no realizar las fiscalizaciones de rigor, lo que permitió supuestas irregularidades en la San José.
Los trabajadores están pidiendo una suma total de $7.750 millones por daño moral… que implica que cada trabajador quiere ser indemnizado con 250 millones de pesos.
Esta causa está siendo llevada a cabo por el abogado Edgardo Reinoso, tras realizar una serie de conversaciones con los mineros.
La causa fue acogida a tramitación en el IX Juzgado Civil de Santiago y, según ha trascendido, el tribunal está en la etapa en que está pidiendo a las partes los antecedentes que justifiquen la demanda.
Además de esta causa, la Fiscalía de la Región de Atacama aún está investigando si es que los representantes de la mina pudieron haber tenido alguna responsabilidad penal en este accidente. Pese a que se han realizado decenas de peritajes e incautado documentos a Sernageomin, aún el Ministerio Público no se pronuncia si es que hubo o no responsabilidades.
Fuente / La Segunda