La ministra de Energía y Minas de Perú, Rosa María Ortiz Ríos, destacó la nueva estrategia de gestión social que implementa su sector para las actividades minero-energéticas, que permiten llevar adelante las inversiones en un entorno de mayor confianza y clima de paz con las comunidades.
En esa línea, enfatizó, la nueva estrategia de gestión social del MEM está enfocada en cinco ejes, el primero de ellos basado en la intervención temprana con las comunidades. “El Ministerio acompañará a las empresas desde la etapa de exploración, para mejorar y estrechar las buenas relaciones con estas comunidades, acompañamiento que se mantendrá durante toda la etapa de producción del proyecto”, indicó, según se consigna en la nota publicada en el portal de dicho Ministerio.
“Hay que mejorar en primer lugar la relación con las comunidades, lo que en algunos casos ha parado algunos proyectos. Hay que manejar el conflicto social de otra forma y ya tenemos en ese sentido un lineamiento y estrategia para caminar de manera conjunta, no solo el MEM, sino el total de los ministerios. Muchas veces los conflictos sociales no se deben a problemas con el inversor o la mina sino por reclamos que vienen de muchos años atrás y que corresponde responder al Estado”.
“Creemos que con eso podemos allanar el camino para que de nuevo comunidad, empresa y Estado apunten en el mismo objetivo que es el desarrollo de la inversión que redunda luego en beneficio de las comunidades de la zona de influencia”, explicó en entrevista telefónica con RPP.
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En lo que se refiere a las empresas, indicó la ministra, en los últimos años ha mejorado su responsabilidad social, y hoy “los estándares internacionales de sus matrices así les obligan”. “Estamos hablando de grandes empresas que entienden que tienen que respetar el medio ambiente y comunicarse adecuadamente con las comunidades de sus zonas de influencia. En esa línea vamos a trabajar”, sostuvo.
En la parte que le corresponde al Estado, subrayó que los conflictos se originan en zonas pobres y sumamente alejadas de la capital, donde la población quiere sustituir al Estado reclamando cosas a las empresas, “y eso es algo que, como Estado, vamos a tener que responder”.
Normativa
Durante las sesiones del PDAC, la ministra Ortiz también resaltó la importancia del nuevo reglamento ambiental, que obliga a las empresas a reportar todos los compromisos sociales que van adquiriendo con las comunidades y no solo los que figuran en su estudio de impacto ambiental.
“Estos compromisos sociales serán objetos de seguimiento a través de una matriz de indicadores que el MEM diseñará. Esto permitirá una mejor relación entre empresa y comunidad teniendo al Estado como garante del cumplimiento de estos compromisos”, dijo.
Del mismo modo, declaró que para darle mayor sostenibilidad a las inversiones mineras, el Gobierno ha generado espacios de encuentro desde la etapa de prospección, denominadas “Mesas de Desarrollo”, en las cuales se establecen compromisos de participación con los distintos niveles del gobierno, de la industria y de la colectividad, tal como se viene haciendo en las localidades de Cotabambas, Jangas, Corani, Cañaris, Hualgayoc, Chumbivilcas, entre otras, y que están cercanas a varios proyectos mineros.
Además, manifestó que, tal como el presidente de la República lo ha exigido, la empresa Pluspetrol tendrá que remediar los pasivos ambientales en sus zonas de operación y “el Estado va a seguir hasta el final para que la empresa así lo cumpla”.