(Diario Financiero) Una completa separación de responsabilidades producto de la investigación por el financiamiento irregular de campañas políticas que sigue el Ministerio Público, hizo el nuevo gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, al interior de la empresa.
Según confirmaron altos miembros de la compañía, De Solminihac mantuvo una reunión con ejecutivos de la empresa el viernes pasado donde endosó responsabilidad de este caso en Patricio Contesse, quien fuera el máximo ejecutivo de la minera entre marzo de 1990 y el 16 de marzo de este año, según reveló durante la mañana de ayer Radio Duna.
El punto central planteado por De Solminihac es que Contesse no tenía respaldo para explicar pagos por US$ 10 millones en un período de seis años, entre 2009 y 2014.
Un deslinde que no sólo ha aplicado la nueva administración de la empresa, que busca dar una señal de tranquilidad a los distintos ejecutivos, por el fuerte cuestionamiento que existe hacia la minera, sino que también se aplica en el directorio.
Algunos integrantes de la mesa han argumentado en privado que, por los montos de las facturas y boletas involucradas en esta arista del caso Penta, la mayoría no fue conocida por la mesa, por ser cantidades bajas en comparación con las grandes cifras que se mueven en la minería.
De hecho, según reveló Radio Duna, al hacer un primer análisis de facturas pagadas por SQM entre 2012 y 2013, de la cuenta de la gerencia general, las más cuantiosas y reconocibles son hacia Fundación Chile 21, por cerca de $ 90 millones en total, o a un Consejero Regional de Renovación Nacional en el Biobío, por más de $ 100 millones (ver recuadro). Según explicaron en la radioemisora, en este listado no había registro de Fundación Dialoga, relacionada a la presidenta Michelle Bachelet, que era uno de los rumores que circulaba.
Consultada la empresa, señalaron que no se referirían a estas versiones.
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Estrategia legal
En paralelo, el equipo jurídico ligado a SQM ha comenzado a delinear la estrategia de la empresa para afrontar este duro momento.
Uno de los más activos ha sido el abogado Gabriel Zaliasnik, quien entregó un informe al directorio de la compañía cuestionando fuertemente al actuar de los fiscales en este caso, lo que refrendó públicamente ayer en una entrevista radial.
Conocedores de la estrategia judicial explican que desde el equipo jurídico está la idea de sacar al pizarrón al Ministerio Público por ciertas fragilidades que se ven en su estrategia, en especial por el cuestionamiento que hay respecto a si puede o no iniciar investigaciones tributarias de oficio, algo que explicaría el hecho de que la Fiscalía nunca allanó a la empresa, pese a la demora de ésta en decidir si entregaba información.
Por estos días se estaría analizando además, si el Servicio de Impuestos Internos (SII) violó algunos deberes de reserva que establece el Código Tributario respecto de la información que SQM hizo llegar al servicio el pasado 16 de marzo, lo que incluía lo solicitado por la Fiscalía, es decir la contabilidad, libro de compras y de boletas, entre 2009 y 2014.
Para esto, es importante determinar qué entregó el SII a la Fiscalía y qué cosas no, algo que varios asesores de la minera han estado intentando averiguar en los últimos días.
El punto central de si esta violación se configura -algo que se analiza con calma-, es que puede transformar la prueba en ilícita. Así como esa, se buscan otras debilidades.
«El fiscal va a tener que tener un estándar de rigurosidad mucho mayor. Cualquier cosa que no la haga bien, se peleará», comenta una fuente conocedora del proceso.
La defensa de LyD y Chile 21
Entre los nombres de instituciones que figuran entregando boletas o facturas a SQM, relacionadas con el mundo político, algunas han comenzado a aclarar la relación que tienen con la empresa.
Desde Libertad y Desarrollo, por ejemplo, explicaron que no reciben aporte del gobierno o parlamentarios, sino que tienen aproximadamente 650 suscripciones de empresas y personas, donde ningún pago representa más del 8% del presupuesto. Esto les da acceso a publicaciones, seminarios y otros productos. Una de las empresas que está suscrita es SQM.
La Fundación Chile 21 -donde está Carlos Ominami y el senador Guido Guirardi- emitió una declaración donde dice que también se financia mediante suscripciones y que «no participa como institución de campañas políticas y no ejerce ninguna actividad de lobby».
Otro personero que ha salido mencionado es el ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, quien ayer señaló que los pagos hechos por la empresa corresponden a asesorías y no tuvieron como destino financiar su campaña a diputado de 2009.