(La Segunda) A siete meses de iniciada la batalla de pronunciamientos entre la Contraloría y Codelco por los contratos con empresas relacionadas y el pago de una millonaria indemnización por retiro al ex director y supervisor de Codelco Augusto González, la tensión promete escalar en los próximos días.
El directorio de la estatal, que preside Oscar Landerretche, decidió ayer llamar a una junta extraordinaria de accionistas, lo que implica un pronunciamiento más firme de los ministros de Hacienda y Minería, Rodrigo Valdés y Aurora Williams, con la intencionalidad política de que incluso sea la propia Presidenta Michelle Bachelet quien salga en defensa de la cuprífera, según trascendió entre algunos asistentes al encuentro de ayer.
En paralelo, los principales ejecutivos de la estatal comenzaron a distribuir desde hace algunos días una minuta de 13 páginas en la que detallan uno a uno los giros que ha ido teniendo esta batalla con Contraloría y además proponen que se reconozcan cinco principios básicos como fundamentales para el actuar de la corporación:
1— Ratificar el marco normativo y el modelo de gestión de la empresa de acuerdo a su Ley de Gobierno Corporativo, como una compañía pública que se administra profesionalmente de manera análoga a sus competidoras.
2—Ratificar que los principios de eficiencia, eficacia y probidad en la gestión de la empresa, se expresan en los deberes fiduciarios que la Ley de Sociedades Anónimas impone a los directores y ejecutivos principales.
3—Reafirmar y fortalecer la conformación y funcionamiento del gobierno corporativo de Codelco, independizándolo aún más de los gobiernos en ejercicio.
4—Reorganizar y sistematizar los sistemas de supervisión y control de Codelco, a través de mecanismos claros y consistentes con su naturaleza empresarial.
5—Reconocer la vigencia del Código del Trabajo y de negociación colectiva en las relaciones laborales de Codelco.
A partir de estos principios, en el documento se exponen tres cambios legales para reorganizar los mecanismos de supervisión y control en la compañía: dos relacionados con su gobierno corporativo y la designación de directores y otro con el fortalecimiento del rol fiscalizador de Cochilco.
Preocupación patrimonial
En el directorio de este lunes se analizaron los posibles escenarios judiciales de la estatal y la preocupación por los eventuales efectos patrimoniales que podría tener el impasse con Contraloría.
En la primera parte el consejero jurídico de Codelco, Nicolai Bakovic y el asesor legal Luis Cordero analizaron los caminos jurídicos a los que se enfrenta la estatal, entre ellos presentar un recurso de protección o bien una acción de nulidad de derecho público en un juzgado civil. Estos, en gran medida, estarán supeditados a la próxima reunión de accionistas de la minera.
En cuanto al factor patrimonial, el directorio encargó a la administración una evaluación interna sobre los eventuales daños al patrimonio que podrían generar las diferencias con la Contraloría, en atención a que la firma tiene dos bonos en el mercado, uno colocado en 2016 por US$390 millones y otro por US$2.000 millones en 2015.
Gobierno corporativo: tres cambios legales sugeridos
La minuta que circula entre parlamentarios propone tres cambios legales sugeridos por la actual administración de la estatal para mejorar sus controles.
—Un ley interpretativa de la actual Ley de Gobierno Corporativo, donde se exprese «que la gestión de la empresa se rige exclusivamente por las disposiciones de su propia ley, y en lo que no se oponga a ella, por la Ley de Sociedades Anónimas».
—Una ley de desacoplamiento del ciclo político del gobierno corporativo, donde se cambie el mecanismo de designación de los actuales tres directores nombrados por la presidencia. La idea es que no sean nombrados de inmediato al cambiar el gobierno, sino que se programen de manera escalonada y sean elegidos por Alta Dirección Pública, como sucede con los otros 4 directores actualmente. Eso sí, que se reserve para el gobierno la facultad de escoger al presidente del directorio.
—Una ley de fortalecimiento de Cochilco en que se asegure un buen cumplimiento de su función fiscalizadora y se clarifique su relación con la Contraloría.