(La Tercera) Llamando a alcanzar un “consenso país”, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) llegó ayer a la Comisión de Hacienda del Senado para exponer sus inquietudes y propuestas en torno al proyecto de reforma tributaria.
El presidente de la máxima cúpula empresarial, Andrés Santa Cruz, puntualizó que sus “reparos y dudas” tienen relación con el diseño de la iniciativa y sus “graves problemas de implementación”. En ese sentido afirmó que una de las mayores preocupaciones de su sector se centra en el cierre del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y el cambio a base devengada sobre rentas atribuidas, criticando que, quienes retiran utilidades de las empresas no paguen más impuestos que aquellos que las reinvierten.
Por eso la CPC propuso a los parlamentarios mantener el FUT, continuando con el sistema integrado, abriéndose para ello a que el alza de impuesto de primera categoría a 25% se aplique sin gradualidad. “Los cambios que se han propuesto empiezan a regir en 2018. Mientras tanto se proponía que se aumentara este régimen de impuesto corporativo en forma gradual hasta llegar a 25% en 2018. Si quieren disminuyamos la gradualidad y se contará más recursos para enfrentar el tema educacional”, dijo Santa Cruz.
El presidente de la CPC llamó a formar una comisión para analizar alternativas a la propuesta del gobierno y aseguró que el gremio detectó 43 errores en el proyecto.
De acuerdo con un documento elaborado por la CPC, uno de estos sería que la retención del 10% generará en favor de la compañía una cuenta por cobrar contra el accionista, asegurando que ésta “no tendría un deudor determinado, dada la posibilidad de que el accionista existente al término del ejercicio pudiere ser diferente de aquel al cual se le efectúe la distribución”.
Otro problema, dice el texto, está en que ante la derogación del beneficio del 14 quáter -que exime de impuesto de primera categoría a empresas de menor tamaño-, se ofrece a sus beneficiarios la posibilidad de acogerse al 14 ter, “el cual a diferencia del derogado no posterga la tributación de Primera Categoría e Impuestos Finales, sino que simplemente implica un régimen de contabilidad simplificada”. Todo esto, afirma el documento, sin establecer una norma transitoria.
En la oportunidad, la multigremial propuso desintegrar el sistema tributario, haciendo que el impuesto a las empresas no opere como crédito para el pago de tributos de sus dueños.
Así, los pagos de dividendos que distribuyan las firmas estarían sujetas a un impuesto complementario. El beneficio de esta opción, señaló la CPC, es que permitiría equiparar el sistema tributario local al del resto de la Ocde, con menores costos de fiscalización. La desventaja, acotaron, es que se aplica una tasa alta también a pequeñas y medianas empresas, que se podría subsanar a través de un régimen de tasa graduales.
La CPC también reiteró sus reparos en materia de constitucionalidad y manifestó su preocupación por las atribuciones discrecionales del Servicio de Impuestos Internos (SII), advirtiendo que si bien el Ejecutivo envió indicaciones, ellas aún “están lejos de llegar a un debido equilibrio entre autoridad y ciudadanos”.