(La República – República Dominicana).- Para el Gobierno del presidente Fernández es vital que se mantenga tal como fue aprobado por el Congreso Nacional, el contrato de explotación minera con la empresa Barrick Gold, de Canadá, filial de la compañía Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PDVC), muy combatida últimamente por algunos medios de comunicación.
Se entendería que si el contrato referido termina en revisión por parte del Congreso o tuviera que ser rescindido, el régimen del doctor Fernández tendría una pérdida neta, ya que anteriormente tuvo que desistir de la instalación de una cementera en el vecindario de los Haitises, bajo la enorme presión mediática que no dio tregua.
El mensaje, se teme en las esferas oficiales, sería muy malo para la inversión exterior, que desde su primer mandato (1996-2000) el régimen del presidente Fernández ha estimulado, con el logro de que importantes empresas en turismo, manufactura, minería y otros vengan a hacer inversiones en el país.
El contrato actual de la Barrick y el Estado parece haber superado en mucho el de la Rosario Dominicana tras una licitación pública internacional abierta en el año 2002 para la concesión de los yacimientos mineros de Pueblo Viejo, Cotuí, el cual fue aprobado por el Congreso, tras ganarlo la empresa Placer Dome Dominicana Corporation.
El arrendamiento, que otorgaba a la empresa la explotación del oro de los sulfuros Montenegro, que realizaba antes la Rosario Dominicana, fue adquirido en el 2006 por la Barrick Gold Corporation, de Canadá, tras lo cual la Placer Dome devino en Pueblo Viejo Dominicana Corporation.
Se cree que la oposición que ha tenido el contrato, que a veces ha sido estridente, podría contribuir a alejar la inversión extranjera, que el Gobierno ha defendido siempre. Las razones de esa oposición podrían ser puramente políticas o parte de la sospecha que algunos sectores tienen con las mineras, por experiencias anteriores como el caso Alcoa.
Contribuyó a perjudicar la posición de la compañía la intoxicación de un grupo de trabajadores, en un caso en el cual se habló de escape de gases sulfúricos o intoxicación por alimentos mal manejados. En cualquier caso, el tema tuvo mucha dimensión y alentó a los oponentes de la empresa canadiense.
De esos trabajadores intoxicados, una buena parte eran peruanos. A la compañía le faltó explicar que los mismos trabajaban en la mina en razón de su experiencia, ya que la Barrick explota yacimientos en el país sudamericano. Como ese caso, su defensa del interés por mantener el contrato fue hasta hace poco mínima.
Otro hecho que alentó a los oponentes fueron las declaraciones de algunos legisladores oficialistas y de la oposición, en el sentido de que aprobaron el contrato sin leerlo, lo que se atribuye a un “lavarse las manos” en momentos en que muchos de ellos buscan la reelección en los comicios de Congreso y Municipios el 16 de mayo.
Ven coincidencias
El diario El Nacional del pasado viernes, tituló Ven Coincidencias en debate Barrick, cosa que ocurrió durante un debate televisivo que organizó el programa Uno+Uno, de Teleantillas, moderado por su director, Juan Bolívar Díaz y el comunicador Rafael Toribio, con la presencia de Minería, la empresa y opositores al contrato. Esas instituciones tuvieron representadas por el director de Minería, Octavio López; Fernando Sánchez Albavera, de la empresa y el consultor privado Luis Pellerano, de la Cámara Minera. Los opositores fueron Osiris de León, de la Academia de Ciencias, Luis Carvajal, de la UASD y Jaime Aristy Escuder, asesor privado y político del PRD.
La ganancia neta lograda por la compañía, en medio de tantas críticas, radicó en el reconocimiento por los oponentes de que los problemas ambientales en la mina Pueblo Viejo, de Cotuí, no son totalmente responsabilidad de la Barrick Gold. Las partes coincidieron en que es posible explotar los sulfuros y demás metales sin dañar el ambiente.
El señor Sánchez Albavera ofreció garantías de que una vez concluyan los trabajos de extracción y explotación de minerales, los terrenos quedarán reforestados, sin óxidos ni sulfuros que puedan provocar contaminación en las aguas de Cotuí, Fantino y Maimón, una preocupación de ecologistas y moradores de la zona.
Según citó el vespertino, otro de los puntos de coincidencia entre los panelistas fue el relativo al papel que debe jugar el Estado, de supervisar y auditar, mediante mecanismos de controles, el capital invertido por la Barrick Gold, cuyos ejecutivos afirman que será superior a los 3 mil 600 millones de dólares.
Los participantes en el programa denominado “El Debate del Oro” y los conductores acordaron realizar el 6 de abril una visita a la mina de Pueblo Viejo, a fin de observar lo que llaman “los trabajos de remediación que se realizan en los terrenos”, así como otros programas para evitar la contaminación del río Migajita y su represa.
Defiende su reputación
El Gobierno del presidente Fernández ha hecho todo lo posible por defender su reputación, de que concertó un contrato conveniente para el Estado. En ese sentido un documento de la secretaría de Hacienda detalla todo lo relacionado con las tres fuentes de ingresos para el Estado. Ellas son:
-Retorno neto de fundición o regalía (RNF). Consiste en el 3.2% de los cobros netos, es decir, el precio de venta menos los costos de producción después del minado, extracción y remoción de los minerales, incluyendo el transporte.
-Impuesto sobre la renta (ISR) a una tasa de 25.0, sin tomar en consideración el nivel de ingreso de la empresa.
-Participación de las utilidades netas (PUN). Es una participación del Estado Dominicano sobre los beneficios extraordinarios de la empresa, el cual será pagado al Estado dominicano a partir de que la empresa alcance el monto de recuperación de la inversión. Para su cálculo, primero se obtiene la tasa y luego el monto del PUN.
-Pago normal del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que la empresa solicitó pagar únicamente el 25.0%, pero la parte estatal lo consideró inapropiado y mantuvo ese impuesto de acuerdo a lo establecido por el Código Tributario.
-Luego de las negociaciones se estableció una tasa fija del PUN de 28.75%, en lugar de la tasa variable (5.0% a 25.0%), determinada por el precio del oro en el mercado internacional. Las modificaciones al Régimen Fiscal Especial permitirán que el Estado obtenga una participación de alrededor del 50% del total del flujo neto de efectivo generado durante la vida útil de la mina. Para un escenario con precios del oro a US$1,000/onzas troy, el Estado recibirá un ingreso total de US$4,585.8 millones por concepto del PUN, ISR y RNF.
Fuente / La República – República Dominicana