(El Mercurio) Con la aprobación de un conjunto de propuestas que apuntan a la descentralización política, administrativa y fiscal del país, al fortalecimiento de las capacidades de las regiones y a una mayor participación ciudadana, culminó ayer en Valparaíso la sexta y última reunión de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional. La instancia, tras cinco meses de trabajo, votó cada uno de los puntos del informe final que entregarán a la Presidenta Michelle Bachelet en los próximos 15 días.
Esteban Valenzuela, presidente de la comisión integrada por 33 personas, indicó que las propuestas constituyen los pilares para «una reforma sustancial, pero aterrizada», que contó con respaldos unánimes en muchos aspectos, no obstante la composición transversal de los participantes.
Para el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, «esta es una de las cuestiones más importantes, porque en una comisión pluralista, que intentó representar a todo el espectro político y territorial de Chile, surgieron propuestas muy analizadas y consensuadas. Esto permitirá avanzar más rápido en la fase legislativa».
En descentralización política, se propone que los intendentes regionales sean elegidos por la ciudadanía a partir de octubre del 2016. El Presidente de la República será representado en las regiones por un delegado del gobierno regional, que ejercerá a nivel provincial.
Para La Araucanía, la propuesta es declararla región plurinacional y multicultural, con estatuto propio y reconocimiento de formas de organización y participación indígenas.
Se instituye la posibilidad que la ciudadanía revoque el mandato de un intendente y alcalde mediante un referéndum votado al menos por el 50% de los sufragantes de la elección de la autoridad impugnada.
En descentralización fiscal, se propone una ley de rentas regionales, equivalente al 35% de la recaudación fiscal (eleva los 14 billones de dólares actuales a 26 billones el año 2020); el fortalecimiento de las finanzas municipales (aumenta los ingresos a 13,5 billones), y la creación de un fondo de convergencia, para atender a las zonas más rezagadas.
En materias administrativas, se traspasan competencias, servicios y programas desde los ministerios y desde el nivel central a los gobiernos regionales y municipales. Se crea un sistema para la administración de las áreas metropolitanas de Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción, en articulación con los municipios.
Se proponen medidas para el fomento de las regiones, entre ellas una ley espejo de las megainversiones de expansión del Metro de Santiago: asignar US$ 24 mil millones en 10 años para mejorar el Metro Regional de Valparaíso.