La Comisión Especial Investigadora 31, de la Cámara de Diputados, encargada de indagar sobre la administración y estados financieros de la Empresa Nacional de Minería (Enami), recibió al ex vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jaime Pérez de Arce, quien dio cuenta de la realidad por la que atraviesa la empresa.
Según detallaron, Pérez de Arce recordó que la existencia de la pequeña minería en Chile no es posible sin la Enami. Al respecto, afirmó que la empresa permite mantener las faenas mineras de menor ley a lo largo del país. Destacó la importancia de su rol social y económico, relevante a la hora de preservar su continuidad.
El ex vicepresidente precisó que para que la Enami pueda trabajar correctamente, debe disponer de un complejo que sea eficiente y moderno. Lo anterior por la relevancia de disponer de una instalación con costos mínimos, para que la operación sea rentable.
En ese marco, explicó que el complejo Paipote está obsoleto ambiental, económico y tecnológicamente. Manifestó que en 2019 debió iniciarse la construcción de una nueva fundición que entrara en operación el año pasado. Con ello, la Enami no tendría la situación que hoy día tiene; sin embargo, en su oportunidad ese proyecto se detuvo.
El personero recalcó que la refinería está obsoleta y es ineficiente por deficiencias técnicas. Lo mismo pasa con los planteles productivos que se construyeron a principios de los años 2000. Explicó que la ley de los minerales es mucho más baja que la que existía hace 20 años. Por lo tanto, además de construir una nueva fundición, se deben modernizar los planteles productivos para optimizar su tratamiento.
Abandono del Estado
Pérez de Arce profundizó que el problema de fondo, más allá de que se pudieron haber tomado malas decisiones o que pudo haber existido algunas irregularidades que dieron pie a la conformación de la comisión investigadora, es que la Enami por obsolescencia, dejó de cumplir su función de manera eficiente.
En línea con lo anterior, manifestó que “mientras ese tema no se resuelva, es muy difícil que Enami pueda salir de esta situación porque su problema principal es de estructura. El negocio de la empresa es la metalurgia; si las condiciones son obsoletas, el modelo de la empresa no tiene como sostenerse en el largo plazo”.
Asimismo, dio cuenta del maltrato que esta ha tenido de parte del Estado. Comentó que se trata de la única empresa estatal que no ha sido nunca objeto de capitalización. “Su dueño no sólo nunca ha invertido, sino que además la ha descapitalizado… en 1999 se le retiraron US$160 millones por concepto de utilidades anticipadas”, explicó.
Al respecto, mencionó que en 2003 se promulgó el Decreto Supremo 76, que establece cuál es el fomento que hace Enami a los pequeños y medianos mineros, cuáles son los instrumentos de fomento y cuánto le cuesta al Estado hacer esa tarea.
“Ese año esos recursos eran US$8 millones; han pasado 20 años y siguen siendo US$8 millones que no han sido ni siquiera reajustados por IPC. A ello se agrega que en ese tiempo eran cerca de 400 productores los apoyados por la estatal; hoy son cerca de mil”.
En virtud de lo anterior, sostuvo que si los actores económicos y políticos alcanzan un consenso en materia de modernización y apoyo a Enami se entraría en un proceso virtuoso. “Si ello se produce, la rentabilidad económica y social dará números extremadamente positivos”, aseguró.
Comisión Investigadora Enami
La instancia que concluirá su labor en enero, deberá determinar eventuales adulteraciones de información e irregularidades en su gestión. Asimismo, tiene como objetivo fiscalizar los actos de los órganos competentes, relacionados con su funcionamiento.
Entre los fundamentos para el trabajo de la comisión, se encuentran la frecuencia y reiteración de cuestionamientos, que surgen respecto de malas prácticas de quienes ocupan altos cargos en la empresa estatal.
Desde la Cámara recordaron que una instancia investigadora previa buscó aclarar actos de la empresa, sin embargo, esta no pudo concluir con su labor, dado que terminó el periodo legislativo. Además, no contó en su oportunidad con los resultados de una auditoria que se instruyó a Cochilco.