El Presidente subrogante de Bolivia, Álvaro García Linera, promulgó en Oruro la nueva Ley de Minería y Metalurgia, que redefinió los roles de los privados, el sector público y los cooperativistas en el área minera.
En sus aspectos más relevantes, la nueva norma establece que los contratos mineros deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, y en su artículo 151, prohíbe a las cooperativas mineras suscribir contratos con empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.
La Corporación Minera de Bolivia (Conmibol) tendrá nuevas funciones, ya que participará de las etapas de producción, concentración e industrialización minera. La Conmibol dirigirá además al menos seis compañías subsidiarias.
Al respecto, el ministro de Minería, César Navarro, declaró que “estamos promoviendo que la Conmibol no puede ser hasta el día de hoy sujeto pasivo que recibe los riesgos compartidos o recibe arrendamiento o porcentajes de la actividad productiva; hoy la Conmibol tiene que tener la capacidad, así como fue concebida con la revolución de 1952, no solo de intervenir en la actividad productiva, sino de desarrollar la industria minera en el país, es decir producción, concentración, transformación y principalmente industrialización”.
A estas reformas se agrega que el control de la comercialización no solo será responsabilidad del gobierno nacional, sino que será coordinado por las gobernaciones y los gobiernos municipales.