(La Segunda) El Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, resaltó hoy la importancia que la hidroelectricidad para el avance del país y sostuvo que en esa línea el megaproyecto Hidroaysén es fundamental. “Chile quiere ser desarrollado a fines de esta década y para eso necesitamos energía limpia y al menor precio posible, por eso, es que estamos convencidos que la capacidad de generación en la región de Aysén es fundamental para el desarrollo futuro del país”.
El secretario de Estado destacó que durante el periodo 2010-2012 se han aprobado, en promedio, mayores inversiones en generación que en la década anterior. Esto se da tanto, al considerar la potencia instalada como los montos de inversión.
Entre 2000 y 2009 se aprobaron, en promedio, 1.668 MW cada año, correspondientes a US$1.931 millones. Entre 2010 y 2012, el promedio anual de aprobaciones ha sido de 3.578 MW y US$7.129 millones, duplicando la tasa histórica de aprobación de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
“Por un lado hemos agilizado la tramitación de los proyectos, el monto en mega watts tiene un promedio anual en nuestro Gobierno que es el doble de lo que existió en la década previa. Además, construimos la estrategia nacional de energía 2012 – 2030, con el consenso y la participación de expertos de todos los sectores, ex ministros, destacadas figuras de la Concertación”, dijo.
El titular de la Segpres, ha venido impulsando importantes proyectos para fortalecer la institucionalidad vigente. Por una parte, se envió al Congreso un proyecto de ley que agiliza la tramitación de concesiones de obras de transmisión y se está elaborando el proyecto de ley que crea una carretera eléctrica pública, el que será enviado a más tardar en septiembre de este año.
El año pasado se puso en marcha la nueva institucionalidad medioambiental, que cuenta con el nuevo Ministerio y la Superintendencia de Medio Ambiente, y se espera promulgar en los próximos días la Ley que crea los Tribunales Ambientales, iniciativa que permitirá reducir la creciente judicialización de los proyectos de inversión.
Fuente / La Segunda