(El Mercurio) El uso de cámaras fotográficas y de video al interior de la mina no fue sólo para la entretención de los 33 mineros. Los equipos también fueron utilizados para que los propios «viejos» realizaran pesquisas de los problemas de seguridad del yacimiento.
Así lo reveló una alta fuente de la Policía de Investigaciones (PDI), la cual comentó que al conocer que los mineros tendrían acceso a estos aparatos, se acercaron a los encargados de las labores de rescate para solicitarles estas diligencias.
La misma fuente explicó que para no causar ansiedad en los atrapados, sólo se les comentó que los videos y fotografías servirían para la indagatoria que se lleva por el caso de Gino Cortés, trabajador que sufrió la amputación de una pierna en la mina, unas semanas antes de la tragedia de Copiapó.
La instrucción de los detectives fue que las imágenes mostraran desde distintos puntos las fortificaciones del yacimiento, fallas de seguridad y una muestra detallada de las condiciones del refugio en torno a su equipamiento e infraestructura.
Esto porque, a juicio de los investigadores, esas aristas serían «muy concluyentes» para explicar las causas del derrumbe del 5 de agosto en la mina San José.
Estas diligencias, incluso, fueron catalogadas como «claves», pues aún no hay certeza si un grupo de peritos bajará al refugio para examinar sus condiciones. Gracias a ese trabajo, la PDI cuenta con un amplio set fotográfico y más de 60 horas de grabación, cuyos elementos están siendo revisados por distintas brigadas, como Lacrim y Cibercrimen, en Santiago y Copiapó.
Interrogatorios
Respecto a las diligencias en la Tercera Región, la policía civil destinó a 10 efectivos exclusivamente a realizar empadronamientos e interrogatorios de los 33 mineros, ex trabajadores y funcionarios de las distintas ramas fiscalizadoras del Estado.
«La idea es realizar un completo informe para la fiscalía, el cual ya cuenta con antecedentes planimétricos, informáticos, topográficos y documentales, además de los resultados de la investigación del caso Cortés», comentó la fuente policial.
En tanto, el fiscal regional Héctor Mella interrogó ayer a dos de los 33 mineros. En la mañana declaró Juan Illanes por más de cinco horas. Por la tarde, el turno correspondió al menor del grupo Jimmy Sánchez, quien no realizó comentarios.
Este último cerró las rondas de entrevistas de esta semana, donde además contaron su versión el jefe de turno Luis Urzúa, quien declaró por más de siete horas su experiencia en el yacimiento y Omar Reygadas, que realizó el trámite en dependencias de la PDI.
Por su parte, el abogado de los mineros, Edgardo Reinoso, dijo que se querellarán contra la minera San Esteban, sus dueños y el Estado, por la responsabilidad que le cabe a los funcionarios públicos que autorizaron el funcionamiento de la mina.
«Ellos me han pedido llegar hasta las últimas consecuencias en lo penal y en lo civil vamos a presentar contra los mismos las demandas indemnizatorias, cuyo monto aún no está definido».
Reinoso, profesor de Derecho de Daños en la U. de Valparaíso y se ha especializado en la defensa de víctimas de tragedias. Ha representado a afectados en causas como la tragedia aérea de Peñalolén de febrero de 2008, donde murieron 13 personas; la explosión de gas de calle Serrano en Valparaíso en 2007, y la muerte de tres soldados en la Antártica tras caer a una grieta en el hielo en 2005, entre otros.
CDE cobrará costo del rescate a los dueños de la mina San José
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentará una querella contra los dueños de la mina San José para recuperar los fondos fiscales utilizados en el rescate. En la última reunión del CDE se afinaron detalles de la redacción del escrito, que se presentará ante el 6° Juzgado Civil de Santiago antes del próximo viernes, cuando se cumple el plazo de 30 días que entregó el tribunal. Aún hay facturas pendientes de empresas que colaboraron en el rescate.
Entre los costos de la operación están los de las máquinas de sondaje, perforadoras, tubos del encamisado encargados a Argentina, los costos en los equipos de comunicaciones, los repuestos del taladro, que fueron importados desde Estados Unidos.
El tribunal decretó una medida precautoria contra los bienes de la Minera San Esteban.
Fuente/El Mercurio