Minería: calculan en más de US$ 500 millones costo de terminar con pasivos ambientales

Durante los meses de campaña, el futuro Jefe de Estado presentó una serie de propuestas que tienen como último objetivo que Chile llegue a 2018 convertido en un país desarrollado.

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(Diario Financiero) El desarrollo y operación de la industria minera en Chile ha generado cientos de faenas abandonadas a lo largo del territorio. De éstas, cerca de 400 -según cifras preliminares del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)- constituyen algún riesgo para la salud y seguridad de las personas, por su fragilidad o contenido químico.

El ministro de Minería, Santiago González, señaló que según cifras que maneja su cartera, el costo de terminar con la totalidad de los denominados pasivos ambientales superaría los US$ 500 millones.

El secretario de Estado subrayó que este monto es “muy significativo”, por ello explicó que el gobierno está trabajando en un anteproyecto para un texto legal, que busca determinar la responsabilidad financiera para el término y mitigación de estos vestigios, dado que muchos de ellos son muy antiguos y las empresas que los generaron ya no existen y no hay quién se haga cargo de ellos.

Fórmulas para remediar

Para el director nacional del Sernageomin, Alejandro Vio, la estimación de la inversión requerida “no es una gran cifra, si uno ve lo que se invierte la minería y lo que aporta al país”, pero destacó que es “necesaria una regulación, una normativa legal que nos permita actuar frente a estos activos”.

Señaló que “la mejor fórmula es que quien generó el pasivo termine con él”, pero aseguró que al haber pasivos sin dueños se pueden generar mecanismos de incentivo, incluso tributarios para que los dueños del terreno en el que se encuentra el pasivo o terceras personas se interesen por arreglarlos.

Incluso algunas empresas mineras podrían interesarse en explotar los minerales aún presentes en dichos terrenos. “Sabemos que hay muchos pasivos que todavía tienen algún contenido de mineral por lo que se podría llegar a algún tipo de acuerdo para que las empresas que se hagan cargo de estos pasivos ambientales, de tratarlos y reprocesarlos, obtengan algún beneficio en contraprestación de hacer un cierre”, dijo González.

Mientras lo anterior no suceda, dijo, el Estado tendrá que asumir la tarea de remediar los vestigios por los que nadie se interese.

Primer paso: despachar la ley de cierre de faenas

Antes de que la iniciativa legal para terminar con los pasivos ambientales sea enviada al Congreso, el gobierno quiere despachar primero el proyecto de Ley de Cierre de Faenas, que está en su primer trámite constitucional.

En Chile las empresas mineras no tienen la obligación legal de realizar un cierre de sus yacimientos, una vez que dejan de ser explotados.

Por ello, el Ministerio de Minería ingresó en 2009 esta iniciativa que exige a las empresas que al momento de presentar un plan minero, éste contenga garantías financieras que aseguren al Estado que cuentan con los recursos económicos para implementar un plan de cierre.

Según cifras del Consejo Minero para enfrentar el cierre de minas a futuro y los gastos que esto demandará, las compañías socias han constituido provisiones para el cierre por un monto cercano a los US$ 1.600 millones.

“La ley de cierre de faenas nos tiene que garantizar que no se producirán más pasivos en Chile y así se acota el problema”, dijo Vio.

Mientras que González señaló que espera que la iniciativa concluya su primer trámite constitucional en enero.

El caso de El Indio, en la Región de Coquimbo

Un hito en el término de pasivos ambientales en Chile fue el cierre de la mina de cobre, oro y plata, El Indio, de la canadiense Barrick Gold en la Región de Coquimbo.

El yacimiento operó entre 1981 y 2002, y cinco años antes que cesaran sus faenas, Barrick -siguiendo con sus estándares- inició los estudios ambientales para programar su cierre, lo que culminó en 2003 con la firma del acuerdo voluntario del plan de cierre entre la empresa, la Conama de la Región de Coquimbo, servicios públicos, la comunidad y otras entidades que participaron en la definición de las tareas necesarias.

Con una inversión de US$ 70 millones se logró clausurar todos los accesos a excavaciones, zonas peligrosas y piques.

Se rehabilitó el 100% del curso del río Malo, que durante la operación fue desviado, devolviendo al entorno un aspecto similar al original.

Además, se depositaron en vertedero más de 18.344 toneladas de escombros y 5.000 toneladas de residuos peligrosos fueron tratados y dispuestos en rellenos de seguridad, entre otras medidas.

Fuente / Diario Financiero.

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