Apnea, hipoxia, puna, mal de altura. Todo eso podría acabarse para los mineros.
El Ministerio de Salud (Minsal) afina un decreto que establece estrictas limitaciones al trabajo en altura, situación que, entre otros temas, podría obligar a algunas compañías a trasladar sus campamentos por debajo de la cota tres mil.
De prosperar el texto en la línea de lo que exigen los trabajadores, se verían afectados los enclaves de Quebrada Blanca, Pelambres, Collahuasi y Escondida, entre otros.
La separación de los campamentos y el frente de trabajo es una situación que tiene antecedentes. La División Andina, por ejemplo, está ubicada a 4.200 metros sobre el nivel del mar y, aunque el campamento se ubicaba a unos 1.600, dejó de ocuparse en 2003.
Según los empresarios mineros, es difícil cuantificar cuál sería el costo aproximado de un traslado masivo de sus enclaves, sobre todo porque los grados de colaboración de los sindicatos en estos procesos son impredecibles.
Un ejemplo lo presenta el traslado de los mineros de Chuquicamata a Calama, cuyo costo original (2001) era de US$ 160 millones y que a fines de 2007 se empinaba por US$ 600 millones. Claro que en este caso se trataba de una experiencia muy particular, pues el enclave de Chuqui operaba como una verdadera ciudadela, con más de 3.600 familias.
Propuestas sindicales
La secreta norma se está elaborando en función de algunas propuestas que surgieron de una jornada organizada por trabajadores de Quebrada Blanca, en diciembre de 2007.
En enero de 2008 se organizó una mesa de trabajo en el Minsal donde participaron los trabajadores y los expertos del ministerio, pero sin representantes del Consejo Minero ni de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
Recién en junio de 2008 los empresarios se sumaron al trabajo de comisiones y, dicen, lograron postergar la entrada en vigencia de la norma hasta mediados del próximo año, pese a que el diseño original contemplaba implementarla este mes.
Representantes del sector aseguran que los buenos oficios del Ministerio de Minería fueron clave para postergar la entrada en vigencia de la norma, pues los tiempos políticos de Salud eran más acotados.
Oficialmente, la apuesta de los trabajadores es que los campamentos se trasladen por debajo de los 3 mil metros, pero en las empresas existe la convicción de que la estrategia de los sindicatos será utilizar este debate para cobrar un precio adicional por las labores que realizan en altura: «La estrategia histórica de los sindicatos de la minería es imponer normas para después negociarlas por bonos», dice el ejecutivo de una minera.
Con todo, el dirigente de la Confederación Minera de Chile (Confemin), Moisés Labraña, insiste en que el objetivo de los trabajadores es establecer una cota máxima y no cobrar por el desgaste precoz: «Remover los campamentos va a traer problemas, pero hay un avance de parte del Ministerio».
Según cifras de la Confemin, la esperanza de vida de los mineros es de 60 años, 16 menos que el promedio nacional, lo que estaría relacionado con las condiciones que se presentan en los frentes de trabajo y los campamentos.
La doctora del Minsal, Helia Molina, prefiere poner paños fríos a las expectativas de los trabajadores y subraya que el borrador sobre el que se está trabajando no está ratificado: «Yo no puedo asegurar que no se pueda trabajar sobre los tres mil metros. Sí le puedo decir que una cosa es que uno trabaje en la altura y otra es vivir en la altura».
Trayecto genera bonos
El trabajo en altura es fuente habitual de choques entre los sindicatos y las administraciones de las empresas. Quebrada Blanca, por ejemplo, presenta condiciones de «puna» más críticas que el resto. Esto ha hecho que la administración aliente a sus trabajadores a subir a aclimatarse por períodos más prolongados. El problema es que los sindicatos entienden que ese tiempo de aclimatación corresponde a horas de trabajo que, a su juicio, deben engrosar las remuneraciones.
Las empresas temen que, en el caso de que los campamentos se alejen de los yacimientos, los períodos de trayecto generen bonos y horas extraordinarias adicionales.
Consejo Minero pregunta:
«¿Y los habitantes de La Paz?»
Es tal el temor que genera este proyecto entre los empresarios que la Sonami rehusó contestar preguntas sobre el tema, mientras que el Consejo Minero aceptó exponer su posición sólo a través de una entrevista enviada por correo electrónico y sin la posibilidad de contrapreguntar.
El gerente general del Consejo Minero, Javier Cox, ejemplificó a través de un texto escrito que «hacen una vida normal los habitantes que viven y trabajan en la ciudad de La Paz, y que se encuentra a tres mil 700 metros», y a renglón seguido agrega que «son muchos los deportistas y los turistas que suben desde tierras más bajas a las montañas a escalar cumbres, a excursiones de trekking, a esquiar, a visitar centros de atracción turística, y no presentan problemas para realizar actividades físicas intensas».
Y sentencia que «en última instancia, cada cual elige dónde trabajar, y nosotros no obligamos a nadie» y que «los mineros no nos oponemos a una revisión de las normas aplicables al trabajo en altura, pero cualquier innovación sobre la materia debiera contar previamente con la activa participación de los sectores involucrados».
Durante la última reunión de trabajo (principios de diciembre) participaron representantes de las tres mutuales, Consejo Minero, Sonami, Anglo American, Collahuasi, Codelco, Quebrada Blanca y Escondida.
Según Cox, las definiciones a las que alude el último borrador en estudio son insuficientes e imprecisas: «Por ejemplo, la altitud sobre tres mil metros es mencionada como una condición inhóspita per se. Siguiendo esa definición, los principales centros de ski estarían ubicados inadvertidamente en una condición inhóspita».
Fuente / El Mercurio