(El Mercurio).- Hasta la propia mina Collahuasi -a 4.400 metros de altitud- llegó el fiscal Víctor Ávila, quien fue a catastrar los daños que quedaron tras cinco días de toma ilegal en la cuprera por un grupo de subcontratados.
La visita es parte de la investigación que el fiscal realiza, luego de que la firma presentara una querella criminal contra quienes resulten responsables como «autores, cómplices o encubridores de los delitos de secuestro, usurpación, daño, amenaza y asociación ilícita».
Ávila dijo que en el lugar había neumáticos pinchados y material químico rociado. Además, visitó sectores en que se denunció que trabajadores fueron encerrados y forzados a apoyar el paro. Y es que durante la movilización, los dirigentes usaron palos y estoques, sacaron alimentos, camionetas, dañaron los caminos y hasta se tomaron el hotel, según relataron testigos.
Pese a que la investigación sigue en curso, la vocera de la empresa, Bernardita Fernández, comentó que se solicitó a la intendenta de Tarapacá que cite a los trabajadores «para conversar el lunes sobre el plan de mejoras que se está implementando para el campamento y recibir sugerencias».
La cuprera reanudó ayer en la tarde sus operaciones de manera restringida y en los próximos días retomaría sus funciones normales.
Ayer, todo el personal había sido evacuado de las faenas y se monitoreó su estado de salud.
En Iquique sesenta trabajadores encabezados por el presidente de la Confederación Nacional del Cobre, Cristián Cuevas, marcharon a la Intendencia protestando por el operativo de Carabineros que terminó con la toma.
Cuevas calificó de desproporcionado el despliegue policial, que incluyó un avión Hércules de la FACh, más de diez carros policiales y 300 efectivos. Además, dijo que se realizará una acusación contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, «porque se violaron tratados internacionales. Si ésta va a ser la forma del Gobierno de relacionarse con los trabajadores, no les quepa duda que en todo Chile van a salir a la calle», dijo.
Gobierno despliega una nueva planificación contra conflictos
Una nueva estrategia, que tiene como objetivo contener alteraciones al orden público y sofocar rápidamente conflictos violentos, comenzó a desarrollar el Gobierno.
Altas fuentes de La Moneda explicaron ayer que el diseño debutó exitosamente en el Día del Combatiente, el 9 de marzo, lo que se repitió el 1° de mayo y en el conflicto de la mina Collahuasi.
El diseño consiste en un diálogo político entre las partes con todos los actores del Ejecutivo que sea necesario, y dar facilidades -previo permiso- para realizar manifestaciones con acuerdo entre dirigentes y Gobierno.
Pero si se rompen los pactos y hay intransigencia se actúa con todo el rigor de la ley y con contingente reforzado para «ahogar» los focos de violencia. Para el 21 de mayo, por ejemplo, se considera montar el mismo operativo del Día del Trabajo.
En el caso puntual de Collahuasi, las fuentes explicaron que los diálogos con los trabajadores en conflicto comenzaron el jueves de la semana pasada con participación directa de la intendenta de Tarapacá, Luz Ebensperger.
No hubo respuesta por parte de estos grupos, que endurecieron posiciones, por lo que el Gobierno decidió definir con la empresa qué necesitaba para continuar sus labores.
La compañía planteó la necesidad de despejar la ruta para subir insumos y sacar a los trabajadores de la mina que debían iniciar su descanso, como también para que ingresara el turno de relevo.
Como hubo intransigencia por parte de los dirigentes, se ordenó que la FACh proporcionara un avión Hércules, en el que se embarcaron contingente de Carabineros y dos carros lanzagases. La presencia policial provocó la estampida de quienes protestaban.
Fuente / El Mercurio