La propuesta entregada el viernes pasado por el Gobierno al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pareció marcar el comienzo del fin de las movilizaciones subcontratistas que afectan a Codelco.
Desde el 16 de abril a la fecha, la estatal ha visto cómo los subcontratistas reunidos en la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), liderada por Cristián Cuevas, han vuelto a colocar en jaque cerca de un 45% de la producción cuprera, por las movilizaciones que afectaron a las divisiones Salvador, Andina y El Teniente.
Hasta ayer las movilizaciones sumaban 19 días, arrojando pérdidas que sobrepasan los US$ 150 millones. Sólo hasta el martes pasado la estatal había dejado de producir unas 19 mil toneladas de mineral.
Al igual que en 2007 cuando la minera informó del acuerdo con cerca del 60% de los contratistas, las empresas negociaron con buena parte de los trabajadores, con quienes se comprometieron a adelantar parte del bono de $500 mil pactado para diciembre de este año; pero el mismo día que llegaron a dicho trato (26 de abril) vieron radicalizarse a quienes no se adhirieron a las negociaciones.
La situación también puso término a casi un año de problemas con los subcontratistas en la minera estatal, los que se han traducido en pérdidas totales sobre US$ 300 millones.
Aunque el reciente conflicto «sólo» se extendió por poco más de dos semanas, el último día de julio del año pasado la estatal firmó un acuerdo para deponer una huelga que duró 37 días. En este tiempo la minera dejó de producir unas 32 mil toneladas de cobre lo que provocó menores ingresos por US$ 200 millones. El propio presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano reconocería a fines de octubre pasado que «el cobre que no se obtuvo en esa fecha, probablemente no podrá obtenerse en los meses que quedan del año».
Luego de conocerse estos resultados, durante noviembre del año pasado y mientras la Dirección del Trabajo estaba pronta a evacuar casi con tres meses de retraso el informe que indicaría la cantidad de trabajadores que la cuprera debería internalizar, los subcontratistas de la CTC comenzaron diversas protestas y bloqueos de caminos ante lo que consideraron negociaciones de parte de la estatal para aminorar el impacto del informe.
El texto emanado de la DT finalmente indicaría que la minera debía integrar a casi cinco mil trabajadores (4.934), más del triple de los que estaban en los cálculo de la administración, con costos anuales estimados en US$ 308 millones y la ampliación de su dotación permanente en 27%. La crítica situación llevó a la estatal a impugnar judicialmente el informe, lo que provocó una guerra de declaraciones y discusiones entre parlamentarios y autoridades de Gobierno.
El escenario de pérdidas producto de estas movilizaciones ha golpeado los libros de Codelco justo en momentos en que la minera libra una gran batalla por controlar los costos de producción de la minera, hecho que se ha transformado en el principal desafío de la administración de Arellano.
Violencia recurrente
Otro de los factores comunes en los conflictos en torno a la cuprera ha sido la violencia que ha acompañado las manifestaciones y que tiene a la empresa tramitando media centena de querellas contra quienes resulten responsables.
Uno de los principales hechos de violencia sucedió el 25 de junio de 2007 11 buses fueron quemados en el camino hacia El Teniente. La situación motivó una airada respuesta de las autoridades y una ofensiva legal de la estatal que la ha llevado a emprender acciones legales ante cada hecho de violencia que se suscite.
Otros actos de violencia a lo largo de un año de conflicto han sido: el descarrilamiento de un tren de la empresa Fepasa (26 de julio); la sustracción de equipos de alto tonelaje en Salvador (27 de julio); el atentado incendiario en la División el Salvador que comprometió el suministro eléctrico (25 de abril); y un frustrado atentado incendiario contra una camioneta de la estatal denunciado la noche del viernes pasado también en Salvador.
Fuente / El Mercurio.