(El Día) Pese a que en San Juan acaba de terminar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol que estrechó los lazos entre esa provincia argentina y la Región de Coquimbo; que la empresa brasileña Bureau se apreste a entregar el último estudio para comenzar con la licitación y que las mandatarias de ambos países estamparan en octubre pasado la firma que prioriza su materialización, el proyecto de túnel en Agua Negra vuelve a estar entre la espada y la pared.
Ni siquiera las más de cinco décadas que ha costado acercar posiciones y con las ventajas que implicaría insertarse en un corredor bioceánico, son impedimentos para que la familia Benavides Feliú, dueña de la estancia La Laguna, ubicada en el camino internacional de la Ruta D-41 Gabriela Mistral a la altura de la Aduana, siga canales legales para buscar una indemnización -mediante la expropiación- del uso que ha hecho el Fisco de sus terrenos para emplazar una vía de conexión.
LA FINCA DEL DIPUTADO
Según explicita Revista Capital en un extenso reportaje sobre el tema, René Benavides del Villar arribó a mediados de los cincuenta a la región, de la que pronto se hizo parte y fue electo diputado.
Una de las razones que lo asentó fue la compra de una hacienda que denominó La Laguna. Tras su muerte, fueron sus hijos quienes siguieron con su administración, la que se vio trastocada con el avance en las gestiones por conectar ambos países.
Fue así como la optimización del sector Juntas del Toro, donde se ubica la Aduana, fue la gota que rebasó la copa y llevó a la familia a tomar contacto con el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La idea era buscar una reparación económica que la repartición pública se comprometió a ejecutar en 1977, pero que finalmente no hizo.
Ello hasta el 2000 cuando volvieron a tomar contacto con la familia. Era una franja de 400 hectáreas cuyo monto fue aceptado. Pero, otra vez, el Estado no culminó el proceso. Revista Capital consigna que el MOP “tuvo problemas de caja”.
Cansados de tanta tramitación, los Benavides Feliú hicieron valer su derecho de propiedad y prohibieron el acceso al camino. “Lo que se está pidiendo no es que no se pueda entrar más al predio, sino que o expropian o respetan la propiedad ajena”, dijo Olga Feliú al medio escrito.
PIEDRAS EN EL CAMINO
Con la idea fija a ambos lados de la cordillera de dotar de un cruce transfronterizo, el 2009 fue clave en el avance de pavimentación y arreglos. Sólo aplausos se escucharon para Gioja y Cifuentes, salvo de la familia afectada. Retroexcavadoras, cuadrillas de operarios y campamentos en sus narices, colmaron la paciencia de Olga Feliú, quien interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena contra el director regional de Vialidad, Edgardo Townsend.
Pese a que el tribunal de segunda instancia rechazó la acción, pues era un tercero quien ejecutaba las obras y no el aludido, la ex senadora designada no baja los brazos. “Vamos a intentar todas las acciones para que las personas que están ahí no puedan ingresar al predio, porque esto se ha convertido en una propiedad pública, cuando es privada”, señaló a Revista Capital. René Benavides Feliú, uno de los dueños, en su blog precisó que “la estancia La Laguna, ha sido objeto de una apropiación indebida por parte del Fisco de Chile, en el lugar donde se encuentra la Aduana y el lugar ocupado por el camino internacional que une Chile con Argentina, a través del Paso Agua Negra”.
PRECEDENTES
El Consejo de Defensa del Estado ha sido la entidad que ha tomado el caso y los argumentos, hasta el momento, han sido decidores para los tribunales, prueba de ello es que han sido favorables los dos dictámenes anteriores.
Entre las razones esgrimidas por el Fisco está que el camino sería una vía comercial binacional antes de que la comprara René Benavides. Eso lo ratifica el historiador Fernando Moraga, quien explica que el Fisco entregó concesiones del camino a una familia llamada Barraza en 1865, lo que está publicado en el libro de boletines de leyes, por ello “el Estado tiene ejercicio anterior de quien lo haya concesionado”.
Eso sí, una de las situaciones que hoy evaluarían los Benavides Feliú es la posibilidad de contar con vetas mineras en el subsuelo. “En un momento si yo aplico parámetros normales del valor de los terrenos, esos suelos no tendrían capacidad agrícola, por ende, su valor sería menor, pues no son productivos”, aseveró Moraga.
No obstante, añade que existirían minerales de plata y oro que corresponden a los cordones ubicados por (el yacimiento) El Indio hacia el sur o norte. “Bajo la superficie existe una propiedad incalculable, lo que encarece la expropiación”.
Ese antecedente es vital, pues el pago ya no sólo sería superficial (tramo vial), sino que entraría el Código Minero que vela por transacciones futuras. “Si hay manifestaciones hechas y registradas, le da un valor incalculable al suelo”, acotó Moraga, quien dice que estos juicios pueden durar décadas.
Fuente / El Día