Analistas auguran que el viernes «volarán plumas» en la junta de accionistas de SQM. Ello, independiente de si la Superintendencia de Valores (SVS) se pronuncia o no antes respecto de los cuestionamientos de PCS y las AFP al acuerdo de actuación conjunta del actual controlador Julio Ponce -vía Pampa Calichera- con la japonesa Kowa.
Porque como hace varias semanas se libra una batalla legal en esta larga guerra por el timón de la compañía, los ánimos están caldeados.
A grosso modo, PCS y las AFP plantean que dicho pacto hace que operen como empresas relacionadas, atentando contra los estatutos de la compañía, que limitan la concentración de propiedad a 32% y el derecho a voto a 37,5% de las acciones.
«La única razón por la que Pampa controla hoy SQM es porque con Kowa suma 32,6% de las acciones «, comenta un ejecutivo previsional. Sola posee el 30,3% y su contendor, PCS, tiene 31,6%.
Los detractores de Ponce enfatizan que por primera vez está «arrinconado», pues nunca se había enfrentado a un cuestionamiento explícito de tantos accionistas, fundamentado en informes de prestigiosos buffetes como Barros Errázuriz; Claro y Cía; y Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz.
Lo que se suma a otros hechos que generaron ruido. Uno es la venta de acciones de SQM en poder de SQYA (paraguas del pacto entre Ponce y su socia Yara) a Pampa Calichera. Y otro, la «crítica ética» a que recurriera al ex fiscal de la SVS Pedro Mattar para que elaborara el informe en derecho para defender ante este organismo regulador su pacto con Kowa. Como Mattar trabajó con su sucesor en la fiscalía, Armando Massarente, y el intendente de Valores Hernán López, lo califican de «lobby».
La defensa de Ponce
En el círculo del actual presidente y controlador de SQM aseguran que están acostumbrados a estos empellones. Consideran que las insinuaciones respecto de Mattar dañan a la SVS y son mal intencionadas, ya que por haber sido fiscal de esa entidad durante más de 10 años es una autoridad en la materia.
Sobre el fondo del asunto, creen que la ley tipifica claramente el concepto de empresas relacionadas y que éste no es el caso, por lo que confían en el veredicto. «Cuando la ley es clara no cabe apelar a su espíritu. Aquí no hay vínculos de propiedad y el pacto es por un año», afirman.
Restan trascendencia a un dictamen del regulador previo a la junta, por cuanto plantean que para lo único que tendría relevancia es para elegir directores. Pero, de no mediar alguna renuncia, la renovación corresponde el próximo año. Del otro lado refutan que también sería relevante a la hora de votar su polémico sueldo.
Las AFP explican que no están haciendo «causa común» con PCS. Tomaron una posición más activa porque necesitan que se les aclare si el pacto entre Pampa y Kowa es válido, dado que aparte de sentar un precedente tendría consecuencias patrimoniales. «Si Ponce y PCS pueden obtener el control aliándose con otros accionistas, ya no tienen incentivos para pelearlo en la bolsa, lo que afectaría la liquidez y por ende el precio de los títulos en manos de inversionistas institucionales», dicen.
Fuente / El Mercurio