(Diario Financiero) Más de 60 fueron las indicaciones que ingresó el Ejecutivo el sábado -y que se conocieron en su totalidad apenas ayer- al proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales, luego de intensos meses de negociación con los parlamentarios de la Nueva Mayoría, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y gremios del sector privado.
Y si bien los cambios propuestos por el Ejecutivo abordaron casi la totalidad de las materias en discusión -como la calificación de los servicios mínimos y la eliminación del reemplazo de los trabajadores en huelga, entre los más destacados-, hay un punto que quedó fuera de las indicaciones y que el gobierno deberá negociar en los próximos días: el régimen especial para la pequeñas y medianas empresas (pyme).
La autoridad incluyó en las indicaciones clarificaciones al tratamiento de las micro y pequeñas empresas (mipes) en el proceso de negociación colectiva -como ampliar su plazo de existencia para negociar colectivamente y declarar un período no apto para negociar de hasta 60 días en el año-, pero dejó fuera todo lo relacionado con el régimen especial para las pyme en lo referido al quórum para crear sindicatos.
Según comentó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a la salida del comité político ayer en La Moneda, el Ejecutivo está analizando patrocinar indicaciones de parlamentarios en esta línea, con la idea de aumentar los mínimos necesarios para crear instancias negociadoras en las empresas de menor tamaño.
El secretario de Estado señaló que las propuestas serían «consideradas» en la discusión de comisiones que viene «hacia delante».
El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Pizarro, anunció que su partido presentará cambios en esa línea. En tanto, el Ejecutivo analizará las propuestas presentadas por los senadores miembros de la denominada bancada pyme, como el PPD Eugenio Tuma y el DC Andrés Zaldívar.
En la actualidad, las empresas con menos de 50 trabajadores requieren de un quórum de ocho trabajadores para constituir un sindicato, mientras que las compañías con más de 50 empleados requieren de un mínimo de 25 para formar uno.
Una idea que ha rondado en el gobierno es subir dichos mínimos, pero aún no habría consenso entre los legisladores respecto a cuál sería el nuevo piso.
Distintos gremios pyme han planteado la necesidad de tener un régimen diferenciado con el fin de minimizar el número de huelgas que afectan a las compañías de menor trabajo, en la línea de evitar perjuicios y «adecuar» la normativa a la realidad económica del sector.
Huelga en empresas estratégicas
Una de las indicaciones más relevantes que ingresó el fin de semana el Ejecutivo se relaciona con reponer el artículo 360 ter -rechazado en la Cámara de Diputados- sobre la prohibición de huelga para las denominadas empresas estratégicas.
En específico, el gobierno repondrá el artículo que establece dos categorías de compañías que no podrán negociar colectivamente y/o paralizar su funcionamiento.
En el primer grupo, se establece que no podrán negociar colectivamente o entrar en paralización las compañías en las cuales más del 50% de su presupuesto se componga de recursos públicos asignados vía Ley de Presupuestos, sean estas empresas tanto estatales como privados.
En esta categoría ingresarían, por ejemplo, las empresas distribuidoras de alimentos de la Junaeb.
En el segundo segmento, se agrupan firmas que tendrán derecho a negociar colectivamente, pero no para entrar en huelga. Esta categoría congrega a compañías que prestan servicios de utilidad pública o cuya paralización causen efectos graves en la economía, la salud, el abastecimiento de la población o la seguridad nacional.
En este apartado se incluyen las eléctricas, distribuidoras y productoras de gas, las petroleras, las sanitarias y los puertos de la zona Norte del país, entre otras.
La calificación de las empresas que se encuentren en esta situación será efectuada cada dos años, en julio, por resolución conjunta de Trabajo, Defensa y Economía.
Este tópico fue rechazado por falta de quórum en la Cámara a mediados de junio.
Consejo superior: 9 miembros
Las indicaciones dadas a conocer ayer por el Ejecutivo dieron mayores luces respecto a varios tópicos de la reforma laboral. Y uno de los principales es la creación del Consejo Superior Laboral, organismo que tendrá como finalidad proponer políticas públicas en materia de empleo y productividad.
En concreto, el consejo será una instancia tripartita cuya función consistirá en colaborar con Trabajo y Hacienda en la «discusión, análisis y emisión de recomendaciones relacionadas con el adecuado desenvolvimiento de las relaciones laborales y el mercado del trabajo».
En particular, la instancia tendrá nueve miembros que durarán seis años en el cargo, pudiendo ser reelegidos por un período adicional.
La composición será la siguiente: un consejero designado por el ministro del Trabajo; uno por el de Hacienda; uno por el de Economía; tres designados por las organizaciones de empleadores de mayor representatividad del país; y tres designados por las centrales de trabajadores de mayor representatividad del país.
El consejo tendrá una Secretaría Técnica -radicada en la Subsecretaría del Trabajo-, un presidente y un vicepresidente, quienes durarán en su cargo dos años y podrán ser renovados por una sola vez.
La instancia sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes, establecen las indicaciones.
Ministra Rincón: proyecto se votaría hacia fines de octubre o inicios de noviembre
Tras las indicaciones que ingresó el Ejecutivo al Senado, aún quedan algunos pasos para que la reforma laboral sea aprobada en el Congreso.
Según estimaciones del gobierno, el proyecto abandonaría la Cámara Alta a finales de octubre o comienzos de noviembre. Logrado ese punto, solo faltaría la ratificación de la Cámara para que sea aprobado.
La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, destacó que se acotó bastante el número de indicaciones a discutir, por lo que «creemos que a fines de octubre o tercera semana de octubre podría ser una fecha razonable para la votación en sala».
«Podremos demorarnos un poco más -primera semana de noviembre-, pero esos debieran ser los plazos para este segundo trámite», dijo la secretaria de Estado al término de la reunión del comité político.
De este modo, el proyecto estaría listo para ser ley en diciembre, según plantearon algunos parlamentarios.
Gobierno «cuidadoso»
Además de hablar de los plazos, Rincón se refirió a los ajustes en sí, aclarando que el Ejecutivo ha sido muy «cuidadoso» en compatibilizar el derecho a huelga efectivo de los trabajadores con el derecho a trabajar de los que no están en huelga.
«Para ello, la redacción que el Ejecutivo ha tomado en esta materia dice relación básicamente con que el empleador pueda adecuar a los trabajadores que están laborando a cumplir sus funciones en el lugar donde las prestan. Por lo tanto, no creemos que haya ni ambigüedad ni espacio para un reemplazo encubierto», dijo la ministra.
En el punto de prensa, Rincón estuvo acompañada por el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien hizo un matiz, señalando que no todos los dirigentes gremiales han sido tan duros con las indicaciones y algunos han reconocido avances.
«Otros han sido la verdad un poco más destemplados en sus afirmaciones, diciendo que esto fue como conversar con una estatua», agregó, lo que en su opinión no contribuye en nada al proyecto.
En esa línea, advirtió a quienes están en completo desacuerdo con todo lo que se ha propuesto, «mejor que lo diga y no nos sentemos a conversar porque quiere decir que es un veto completo».
El ministro recalcó la idea señalando que la iniciativa «trata de buscar equilibrios», por lo que no es su afán «caricaturizar esto en buenos y malos. No es un partido de fútbol en que unos ganan y otros pierden».
Finalmente, Valdés señaló que las indicaciones fueron muy bien recibidas por los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, lo que da cuenta del esfuerzo para tener un proyecto «equilibrado», manteniendo elementos importantes como la huelga efectiva, el derecho a huelga y los pactos de adaptabilidad.