(La Tercera) En medio del malestar que generó en los gremios privados la decisión del gobierno de no incluir dentro de las “empresas estratégicas” a los puertos de la zona centro y sur del país, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, aseguró que sólo “se cumplió con una normativa de rango constitucional y legal”.
Anualmente, los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa realizan una lista con empresas de servicios básicos que no pueden paralizar sus funciones por huelgas de trabajadores. Este año, las autoridades optaron por retirar de ese documento a seis puertos: Terminal Puerto Coquimbo, Terminal Pacífico Sur Valparaíso, San Antonio Terminal Internacional, Empresa Puerto Panul y Puerto Central.
La secretaria de Estado sostuvo que ese listado se realizó considerando las directrices de Contraloría, que mandata incluir en dicha nómina a los servicios de utilidad pública. “Estos no son temas de interpretación, si la ley dice que ese es un servicio de utilidad pública, tiene que estar en ese listado”, afirmó.
Asimismo, dijo que se está conversando con los trabajadores de esas empresas y que se entablará diálogo con los empleadores para ver “de qué manera se puede ir avanzando en una situación en la que no se estén vulnerando los derechos de los trabajadores”.
Reforma laboral
Tras participar en el lanzamiento del plan piloto del programa nacional de capacitación “+Capaz” junto a la Presidenta Michelle Bachelet, la ministra del Trabajo descartó que un posible retraso en la tramitación del proyecto de reforma tributaria postergue la discusión en materia laboral.
“Nosotros hemos tomado un compromiso de cara a la ciudadanía (…) cuando firmamos el acuerdo salarial y dijimos que este iba a ser el último cuatrimestre del año, preferentemente octubre, y esa preferencia se mantiene vigente por un compromiso que tomamos junto a la CUT”, manifestó Blanco.