(El Mercurio) Los 33 mineros atrapados en la mina San José, hace dos años en Copiapó, pusieron en primer plano el tema de la seguridad laboral en nuestro país, en especial en el sector minero. Si bien, en esta materia este sector enfrenta grandes desafíos, también es importante destacar que, según datos de Sernageomin, en los últimos 20 años ha experimentado una importante disminución en los índices de accidentabilidad y fatalidad.
Es así como en el año 2011 el índice de accidentabilidad alcanzó un valor de 3,1 (accidentes por cada millón de horas trabajadas) y el índice de fatalidad un valor de 0,07 (fallecidos por cada millón de horas trabajadas), los niveles más bajos registrados hasta ahora en el sector minero.
Por otra parte, cabe destacar que de acuerdo con los antecedentes que informan las mutualidades, la minería se compara favorablemente con todas las otras actividades económicas en relación con la tasa de accidentabilidad. Así, por ejemplo, para el año 2011 estas instituciones informan para la minería un valor de 1,8 (accidentes por cada 100 trabajadores), el más bajo de todas las industrias, siendo 5,5 (accidentes por cada 100 trabajadores) el promedio de todas ellas.
Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de la tasa de fatalidad, lo que se explica por el hecho de que, a pesar de la baja cantidad de accidentes en minería, éstos tienen consecuencias potencialmente más graves, debido a la naturaleza de las actividades y exigentes condiciones donde se realizan.
La disminución en los índices de accidentabilidad y fatalidad se debe a la prioridad que ha alcanzado la seguridad en las faenas mineras y al éxito de un proceso continuo de mejoramiento en esta materia. También han influido los mayores recursos destinados a la implementación de diversas medidas, en especial en capacitación permanente, insistencia por el respeto a las buenas prácticas y el análisis de los accidentes para mejorar los procedimientos, entre otros aspectos.
Responsabilidad
En estricto rigor, la seguridad en la minería se refiere a la gestión que realizan las empresas mineras con el fin de evitar o minimizar la ocurrencia de accidentes que signifiquen impacto en las personas, equipos e instalaciones, incluyendo las políticas, los procedimientos, las actividades de capacitación y los recursos destinados para alcanzar dicho objetivo.
En la minería chilena, la seguridad se toma como una responsabilidad primaria de las empresas, anteponiendo este valor por sobre las metas de producción. Son las compañías las que establecen políticas adecuadas y los procedimientos específicos de seguridad que aplican en sus faenas, además de velar por su cumplimiento.
Lo anterior no significa restar importancia al rol fiscalizador que debe realizar la autoridad competente. Por el contrario, esta responsabilidad es de gran importancia, por lo que también se debe apuntar a dotar al Sernageomin con mayores recursos humanos y financieros para que su acción pueda tener mayor alcance y realizarse con más frecuencia.
Desafíos
La creciente demanda mundial por productos mineros y la tendencia hacia menores leyes en los yacimientos, conducen a operaciones mineras que cada vez son de mayor tamaño y complejidad en la explotación y tratamiento de los minerales, lo que puede generar condiciones laborales de mayor riesgo.
Es así que nuestro país enfrenta un desafío permanente en materia de seguridad minera, ya que tiene necesidad de seguir contando con los recursos económicos que genera la producción de esta industria.
En este escenario, el avance en el mejoramiento de diseños y características generales del equipamiento minero es una contribución significativa para realizar los trabajos de manera más segura. El mismo rol ha cumplido la implementación de tecnologías de control y la automatización de operaciones, que han permitido el manejo a distancia de equipos y procesos que operan en lugares con riesgos potenciales.
Del mismo modo, también se debe perseverar en el esfuerzo por adecuar las organizaciones y adoptar sistemas de gestión que permitan llevar a cabo los cambios que sean necesarios en temas de capacitación, equipamiento y procedimientos.
Fuente / El Mercurio