(Los Andes – Argentina) El emprendimiento minero Potasio Río Colorado es de una magnitud y un impacto pocas veces vista en Mendoza. Por eso la oposición en la Legislatura pide más garantías antes de aprobar el convenio que terminaría de darle luz verde al proyecto. Se trata del acuerdo firmado por el Gobierno y Vale (operará la mina) por el cual la empresa se compromete a adelantar U$S 12 millones a cambio de una serie de «garantías» que le permitan trabajar.
Ese convenio necesita aval legislativo y mañana tendrá su prueba de fuego en la Cámara de Diputados. Para aprobarlo, los legisladores de la oposición piden agregarle algunas especificaciones para evitar «sorpresas». Entre otras cosas piden un detalle de las obras que se van a realizar con el dinero adelantado y que se incluyan sanciones para la empresa si no cumple con el compromiso de contratar personal local.
En el oficialismo aseguran estar de acuerdo con esas aclaraciones.Incluso aseguran que el proyecto está «abierto» para esos agregados. Hoy el tema será tratado en Labor Parlamentaria, de donde podría resultar el texto definitivo para ser sometido a votación el miércoles.
«Queremos que sea aprobado con el mayor consenso posible.No queremos forzarlo.Para nosotros son buenos los planteos que nos hicieron y podemos agregarle restricciones y condicionantes al convenio», dijo Jorge Tanús, presidente de la Cámara de Diputados.
Potasio Río Colorado es un proyecto minero para extraer sales de potasio, un fertilizante para la agricultura que tiene alta demanda en el mercado internacional.Cuando esté en funcionamiento, será la mina más grande del mundo en ese rubro. El emprendimiento está ubicado en Malargüe y ya tiene el aval ambiental, aunque sigue habiendo cuestionamientos sobre todo por la gran cantidad de energía (especialmente gas natural) que demandará cuando esté operativa.
Con cambios
Los legisladores opositores tienen desconfianza de la «palabra no escrita» en el convenio firmado por Celso Jaque. «Así como está, nosotros no lo votamos.En las actuales condiciones que se plantean, es un saqueo», aseguró el legislador radical Alejandro Molero.
Las dudas de los radicales apuntan a que no hay especificaciones claras sobre el destino de los fondos que la empresa adelantará al Gobierno.Pero no es lo único que cuestionan.
«El impacto ambiental de la mina fue aprobado a pesar de los informes contrarios y se entregó el mismo día que se firmó el convenio. Nosotros desconfiamos de que haya sido un cambio de figuritas», asegura Molero. En cuanto a las obras que se realizarán con los U$S 12 millones, lo que quieren es que «esa plata no se use para hacer obras que sean funcionales al proyecto y que las tendría que hacer de todas formas la empresa», según relatan los radicales.
Entre otras, piden que con esa plata no se financie la interconexión eléctrica. El convenio menciona que ese dinero tiene como destino potenciar «los impactos positivos del proyecto». Y, justamente, tiene como destino prioritario el financiamiento de obras en Malargüe.
La otra gran duda tiene que ver con el personal. Los legisladores quieren que se garantice la contratación de trabajadores mendocinos, puesto que la letra del acuerdo no exige sino que recomienda eso. Por eso es posible que a lo firmado le agreguen otros artículos para sancionar a Vale si no se cumple ese compromiso. «Fue un pedido que también hizo el Gobernador», aseguró Tanús.
Fuente / Los Andes – Argentina.