(Diario Financiero) Cuando el presidente Sebastián Piñera fue informado de la magnitud y los alcances de la tragedia minera, no dudó en que debía asumir personalmente el manejo de la situación.
En un país altamente sensibilizado por el terremoto, entendió que un drama como el de la mina San José, donde 33 trabajadores habían quedado atrapados bajo tierra, lo conminaba a hacer el máximo esfuerzo para enfrentar adecuadamente la crisis.
Consciente de que, por sus connotaciones, la forma en que se encarara la tragedia sería el primer gran test a su gestión, junto con regresar anticipadamente el sábado en la noche desde Colombia, tomó la conducción de todo el caso.
La primera gran preocupación, reiterada en sus palabras como en sus acciones, fue abocarse al rescate de los mineros atrapados, mientras simultáneamente, decidió -incluso en contra de quienes no estaban de acuerdo—estar presente en el lugar de los hechos, de manera de asumir personalmente el compromiso con los familiares de hacer todo lo que estuviera en sus manos para conseguir sacar a los trabajadores de la mina.
Comprendiendo de inmediato que se trataba de una tarea altamente compleja, optó por no escatimar recursos ni humanos, ni técnicos, ni materiales, con el fin de lograr lo que se propuso. Era, además, la forma de minimizar los cuestionamientos si el desenlace termina no siendo el esperado.
Pero aun cuando la prioridad se centró en el rescate de los 33 trabajadores, Piñera no descuidó la inquietud por el tema que, finalmente, podía empañar todo el esfuerzo si es que no se manejaba acertadamente: el de la responsabilidad.
En La Moneda reconocen que el presidente no podía exponerse a una situación como la de Barack Obama en Estados Unidos, el que ha pagado un alto precio por el derrame de petróleo, aun cuando la responsable fuera una empresa privada extranjera.
Como primera medida tendiente a impedir el «síndrome Obama», el presidente decidió marginar de las decisiones a los dueños de la minera San Esteban, partiendo de la base que ellos no iban a solucionar la crisis.
Y aun cuando en el gobierno tienen claro que la principal responsabilidad recae en los propietarios -para lo cual incluso iniciaron acciones tendientes a aclarar su accionar, como la presentación en la Contraloría— se determinó que la culpa no podía focalizarse exclusivamente en ellos.
Y es que en palacio asumieron que, si bien era necesario mostrar firmeza frente a los empresarios, debían reconocer que, paralelamente, había errores o falencias por parte de las autoridades que era imposible eludir.
Frente a ello, el desafío era tratar de que no se las endosaran al actual gobierno.
El foco en Sernageomin
Con los antecedentes en la mano, el análisis presidencial apuntó en la siguiente dirección: si el gran problema era la falta de fiscalización, la responsabilidad debía centrarse en el organismo responsable de realizarla, como es el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin). La idea fue tratar de que ello quedara circunscrito allí, sin que escalara más arriba en busca de responsabilidades políticas que podían comprometer a otras autoridades.
Y para ello, el gobierno descubrió que tenía un As bajo la manga que decidió jugar. La mina había sido cerrada el año 2007 por problemas de seguridad, pero fue reabierta el 2008 con la autorización del nuevo director de Sernagomin, Alejandro Vío Grossi, nombrado por la ex presidenta Michelle Bachelet, el que se mantenía en el cargo.
En medio de profusas versiones -todas oscuras—acerca de las razones que hubo para que el organismo accediera a reabrir el mineral San José, en La Moneda se evaluó que el camino más adecuado para cerrar el flanco político era establecer que las responsabilidades políticas, al menos debían ser compartidas con la Concertación.
En palacio admiten que existía la posibilidad de concentrarse en indagar lo sucedido entre 2007 y 2008, que les daba la oportunidad de cuestionar la gestión del gobierno de Bachelet. Pero finalmente se impuso el criterio de no hacerlo.
En primer lugar, porque no descartaron que esa estrategia corría el riesgo de que la oposición le encarara al actual gobierno el hecho de que en cinco meses no fue capaz de hacer nada, pese a estar advertido de los problemas en la mina. Pero, además, porque salir a enfrentar a la administración Bachelet contradecía la decisión adoptada anteriormente, de no entrar en guerra, por la necesidad que tienen las autoridades de contar con su respaldo para sacar adelante la propuesta sobre el royalty minero como conseguir los nuevos recursos para el Transantiago.
Fue, en ese cuadro, cuando por decisión del propio Piñera se convocó a los máximos dirigentes de todos los partidos políticos a La Moneda el lunes, a una reunión con el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Las reacciones de los líderes de la Concertación tras el encuentro dieron cuenta de que la expectativa de neutralizar a la Concertación para compartir los costos políticos se había cumplido.
Tanto es así, que aun cuando inicialmente se mostró renuente a asistir al encuentro, ante el riesgo de quedar comprometido, el presidente de la DC y actual vocero de la Concertación, el diputado Juan Carlos Latorre, declaró que ellos no hacían distinción respecto a lo que hizo un gobierno u otro, mientras su par del PS, el senador Fulvio Rossi, aludió incluso a que sería una «mezquindad incalculable» culpar al actual gobierno, tanto de lo sucedido, como de la precariedad de la salud ocupacional en el país.
El acuerdo tácito, entonces, fue liberar de responsabilidades tanto al gobierno anterior, como al actual, sindicando como el gran culpable a Sernageomin por no haber cumplido con sus tareas de fiscalización como correspondía.
Fue una decisión que, aun cuando resultara funcional al actual gobierno, también lo era para la Concertación en la medida en que, de paso, se blindaba a la administración Bachelet. Pero no fue todo, porque tampoco la oposición estaba en condiciones de cerrar filas en torno a su director -militante PPD- porque su nombramiento en reemplazo del DC Patricio Cartagena en 2007, había generado serios problemas internos. Y los tiempos no estaban para reeditarlos.
Con el panorama político controlado, y en momentos en que las tareas de rescate se complicaban, el presidente Piñera incluso antes de lo previsto, decidió pedirle el miércoles la renuncia a Alejandro Vío, además de otros dos directivos de Sernageomin. Con ello la idea era dar un indicio de que la situación no quedaría impune, pero además confirmaba que allí se situará la responsabilidad tanto del gobierno anterior, como del actual frente a la falta de fiscalización de la mina San José.
Las palabras del propio Vío fueron claras cuando, tras ser destituido precisó en una breve declaración que, como autoridad técnica, se le había pedido que hiciera efectiva una responsabilidad política.
En parte era cierto. Pero también los dirigentes políticos, tanto oficialistas como de oposición, entendieron que resultaba impresentable que permaneciera en el cargo quien había permitido la reapertura de la mina, incluso tras reemplazar al director regional que la había cerrado.
Lo que de verdad ocurrió en parte lo dilucidará la comisión de minería de la Cámara de Diputados, presidida por el UDI, Alejandro García Huidobro, la que se abocará a recabar antecedentes sobre los sucedido, pero no circunscritos a la tragedia de la mina San José. En consonancia con el ánimo de los dirigentes de no perseguir a más culpables, se centrarán en conocer los problemas en las mineras para que en el futuro, hechos como los acaeicidos no se repitan.
Con el problema de las responsabilidades políticas aparentemente resuelto, el gobierno consideró que había dado un gran paso en la línea de salir lo mejor posible de la crisis que le generó ineperadamente este accidente minero.
Y es que con ello, sumado a que ha dado muestras de asumir una posición firme frente a los empresarios dueños de la mina, las expectativas son que exista un ánimo unitario para enfrentar el desenlace, aun cuando éste sea el peor.
Fuente / Diario Financiero