Codelco, empresa estatal, principal productor de cobre del mundo, donde los 16 millones de chilenos somos accionistas, enfrentó entre junio y julio de 2007 una paralización de sectores de trabajadores de empresas privadas contratistas. Ella fue acompañada por acciones de violencia, ajenas a la historia y tradición sindical chilena. Quienes usaron esas prácticas no tienen relación laboral con Codelco.
Al cabo de algunos meses, la Corporación enfrenta una situación parecida. Una paralización parcial, violencia y argumentos respecto a que Codelco habría incumplido un acuerdo marco suscrito en agosto de 2007, luego de las acciones de fuerza ya mencionadas.
Dichas afirmaciones no son efectivas. Hubo, en meses pasados, distintas reuniones con representantes de ese sector de trabajadores contratistas, sus empleadores y Codelco para evaluar el acuerdo. Tras los encuentros, en la corporación existe la convicción de que está cumplido el acuerdo y que no hay temas pendientes.
Pero, a efecto del análisis, pongámonos en la otra vereda. Amparados en el beneficio de la duda, aceptemos por un minuto que los contratistas podrían tener razón, que habría incumplimiento del acuerdo.
En ese escenario, formulemos algunas interrogantes:
¿Es la paralización de una empresa -que no es la empleadora- la forma de exigir el cumplimiento del acuerdo?
¿De tener razón los trabajadores, por qué no plantear los reclamos en la Inspección del Trabajo o tribunales de justicia, si prefieren?
¿Existen, acaso, chilenos por sobre la institucionalidad vigente?
¿El uso de la fuerza es el mecanismo que esos trabajadores proponen al país para alcanzar objetivos laborales?
¿No hay contradicción entre demandar el cumplimiento de las normas sobre subcontratación y –simultáneamente- hacer exigencias económicas a la empresa mandante y no a los empleadores reales?
¿Es la negociación colectiva en el ámbito de la empresa el camino legal para que los trabajadores contratistas puedan mejorar sus condiciones?
¿Por qué, entonces, persistir en imponer -unilateralmente y por la fuerza- la negociación supraempresa?
Por cierto, hay más preguntas al respecto. Volvamos al conflicto. Desatado éste, un administrador debe buscar salidas posibles. Convengamos que no es fácil, más aún, en Codelco, cuando en torno a ella existen importantes stakeholders.
Con esa prevención, imagino dos vías: una rápida y otra compleja, pero obvia. La primera es negarse en sordina a cumplir las responsabilidades de administrador, hacer la vista gorda, mirar al infinito, abrir la billetera y ceder a presiones poco ortodoxas. Vía expedita, de aplauso fácil, pero muy discutible cuando se administran recursos de todos los chilenos.
La otra, ajustarse al cumplimiento de la ley. Tras ese objetivo, exigir -a quienes tienen contratos civiles con la mandante- que asuman integralmente su calidad de empleadores y hagan funcionar todas las variables de la institucionalidad laboral.
¿Simple, no? En ese sentido, Codelco, al no tener la calidad de empleador, no puede aplicar sanciones disciplinarias laborales. Ello es de exclusiva responsabilidad de las empresas contratistas.
Por las razones antes dichas, tampoco es razonable que Codelco evalúe las demandas de los trabajadores contratistas, de su justicia o no, toda vez que, reitero, no tiene la calidad de empleadorde éstos. Debe ser abordado, en consecuencia, por las empresas que los seleccionan, contratan, acuerdan sueldos y beneficios, es decir, por sus patrones. Bilateralmente y con prescindencia del mandante, deben encontrar las respuestas posibles.
Para concluir, reitero a quienes demandan soluciones rápidas que Codelco no está disponible para ello y, frente a la violencia, privilegiará -por sobre la normalización productiva total- la vida y seguridad de sus trabajadores y de contratistas que quieren cumplir sus obligaciones.
Fuente / La Tercera