(El Mercurio)Â Hoy se cumple el día 30 en la huelga legal de Minera Escondida y las posiciones entre el sindicato y la empresa siguen tan lejanas como el 9 de febrero, cuando se inició la paralización.
Cumplido el plazo de un mes, la legislación laboral permite que los más de 2.500 trabajadores que se mantienen en huelga, pertenecientes al Sindicato N° 1, puedan descolgarse del movimiento y aceptar la oferta ya realizada por la compañía operada por BHP Billiton.
«El descuelgue se puede producir a contar del día trigésimo de hecha efectiva la huelga, reintegrándose a sus labores, lo que es un derecho del trabajador, realizando una aceptación de la última oferta que hizo el empleador», comenta el abogado laboral Luis Lizama.
La posibilidad es descartada de plano por los huelguistas. El vocero del Sindicato N° 1, Carlos Allendes, comentó que «tenemos la confianza de que no se descolgará nadie, absolutamente nadie. Hay una unión férrea y los viejos (trabajadores), como también sus familias, tienen clarísimo lo que deben hacer».
Añadió que pese a que públicamente la minera ha señalado que mejorarán la oferta inicial, creen que todavía no se avanza en la dirección que piden los trabajadores, por lo que siguen mentalizados en mantener la huelga por dos meses de ser necesario.
Contratistas piden seguridad
Escondida señaló que analizará desde hoy el reinicio de operaciones en la faena con personal contratista, con foco en retomar la construcción de proyectos, aunque también para poner en marcha algunos equipos que permitan producir, pero a baja escala, con el objetivo de hacer una puesta en marcha más rápida una vez finalizada la paralización.
Hasta el momento los contratistas no han sido comunicados oficialmente y tampoco, dicen cercanos a la compañía, en subir contratistas en el corto plazo.
Cristián Aguayo, socio del estudio jurídico Aguayo, Ecclefield & Martínez, quien también asesora a contratistas que prestan servicios a Escondida, comenta que algunos de sus clientes pidieron a la minera oficializar una fecha en la que requerirían de sus servicios, pero también dar certezas sobre la integridad de los operarios.
«Todo empleador tiene un deber de seguridad respecto de sus trabajadores, por lo que también se ha planteado que se nos manifieste que existe un mínimo de seguridad que los operarios no sufrirán violencia», señala Aguayo.