Hasta $1,7 millón ganan los contratistas de Codelco

Cuprera estimó que las pérdidas generadas por los daños y menor producción tras las violentas protestas del lunes -que continuaron ayer- llegaron a US$ 20 millones.

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Hasta $1.775.406 ganan los trabajadores contratistas que se desempeñan en Codelco, según información recopilada entre varias empresas que le prestan servicios a la estatal. Este sueldo corresponde a un administrador de servicios de mantención. El «piso», en tanto, es de $183 mil, que es lo que gana un recepcionista del área alimentación.

El sueldo promedio que reciben los más de 30 mil contratistas que trabajan en Codelco llega a $450 mil líquidos mensuales, lo que percibe, por ejemplo, un bodeguero del área de la construcción o un jefe de obra eléctrico.

Entre otras razones, estos elevados sueldos se deben a que la empresa ha propiciado cambios en sus procesos de contratación externa, donde se premia a las ofertas con sueldos más altos.

Según el vicepresidente de Servicios Compartidos de Codelco, Daniel Barría, este ítem representa cerca del 20% de la evaluación de un proyecto. «En Codelco no sólo la oferta más barata se lleva un trabajo determinado. Puede ser, y de hecho así ha pasado, una más cara, pero se la vamos a dar a ésa si tiene una mejor relación con su plana laboral». Éste es uno de los cambios adoptados tras los acuerdos de 2006, que la cuprífera alcanzó con sus contratistas y que hoy son cuestionados por los mismos dirigentes firmantes.

Codelco también está premiando a las empresas que tienen un mayor porcentaje de trabajadores con contrato indefinido, lo que incide en la duración de los contratos entre la estatal y las empresas contratistas.

A mayo de este año, el 27% de los contratos fue adjudicado por licitación pública, 60% por licitación privada y 3% por asignación directa.

Hasta ayer, si bien se operaba con normalidad en Codelco Norte, El Teniente y Ventanas, en Andina y Salvador los bloqueos de caminos impedían la llegada de los turnos, lo que redundó en merma productiva.

En Ventanas, según explicaron fuentes de los contratistas, la paralización de unos 400 trabajadores obligó a Codelco a parar las actividades de la refinería.

En Salvador, Codelco denunció el sabotaje de la estación de radio que opera al interior de la división -una de las dos estaciones que existen en el campamento- por lo cual también ejercerá acciones legales.

El presidente ejecutivo de la corporación, José Pablo Arellano, repudió enérgicamente ayer los actos de violencia del lunes -que incluyeron la quema de ocho buses- y reiteró que la empresa no negociará con los dirigentes movilizados si no deponen su actitud violenta.

«El diálogo con las organizaciones de trabajadores de empresas colaboradoras, que no están por la violencia, está siempre abierto», dijo Arellano. Según trascendió ayer, la empresa estaría hoy retomando las mesas de negociación divisionales en Chuquicamata y El Teniente.

En tanto, el Consejo Minero repudió los actos de violencia y calificó los hechos del lunes como «lamentables». «Nos parece equivocado que los trabajadores se dirijan en contra de una empresa que no es su empleadora», dijo el gerente general del Consejo Minero, Javier Cox. Molestia que también hizo sentir la Federación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a operarios contratados de la minera estatal. Acusó a los manifestantes de cometer «graves actos de violencia que amenazaron la vida de nuestros afiliados y que no pueden justificarse», señalaron.

Orden de detención en El Teniente

Carabineros identificó a uno de los principales involucrados en los actos violentos registrados en la División El Teniente de Codelco, en el primer día de paro convocado por la Confederación de Trabajadores del Cobre.

Así lo informó la fiscal de Rancagua Paula Rossel, que investiga a los responsables de la quema de ocho buses, un minibús y un camión aljibe, además de una caseta de pesaje.

El trabajador contratista, cuya identidad se mantiene en reserva, será formalizado por el delito de incendio, arriesgando una pena de 10 años y un día de cárcel.

Fuente / El Mercurio

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