«Hostigamiento legal», «se entorpece el emprendimiento», «se desalientan las inversiones». Frases como éstas contiene una carta enviada a Alfredo Ovalle, presidente de la CPC y de la Sonami, por el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals S.A., Marcelo Awad, quien también le entrega su apoyo y le manifiesta su acuerdo por la preocupación que Ovalle manifestó hace algunos días acerca de la judicialización de la que son objeto los proyectos mineros.
De hecho, el tema de las complicaciones y atrasos que enfrentan las inversiones en Chile (no sólo judiciales) preocupa al Gobierno, que ya nombró a Carlos Mladinic como gerente pro inversión.
La construcción del tranque El Mauro que está realizando la empresa para el yacimiento Los Pelambres ha sido objeto de varios juicios y ya han recibido cinco solicitudes de paralización que han sido rechazadas por la justicia.
En este minuto la empresa tiene ocho procesos pendientes, a pesar de contar con todos los permisos ambientales y sectoriales correspondientes para realizar la obra. «El proyecto se ve afectado por una suerte de acoso legal sistemático en el que se enfrentan juicios civiles contra autoridades o antiguos propietarios de los terrenos», cuenta a «El Mercurio» Francisco Veloso, vicepresidente de asuntos corporativos de Antofagasta Minerals. A pesar de ello, la empresa se hace parte de los procesos, ya que la paralización de las obras le significaría pérdidas o problemas mayores tomando en cuenta la necesidad de que el tranque esté construido antes de que Los Quillayes -el tranque de relave que se utiliza actualmente- deje de funcionar en 2008.
Proceso compartido
Pero no son los únicos. Otros tres importantes proyectos de inversión minera están enfrentando juicios: la expansión de la División Andina de Codelco, la construcción de un puerto de la CMP en Caldera y Pascua Lama.
Sin embargo, el que está teniendo la peor suerte es la construcción de una tubería de drenaje de la División Andina de Codelco, que tiene las obras paralizadas y que no se sabe cuándo se podrían retomar. Hay quienes aseguran que el proceso podría durar varios meses y poner en peligro la inversión.
En el caso de Pascua Lama se sigue trabajando, pero se mantiene un juicio por la compra de terrenos aledaños. En algunas semanas se debiera conocer una resolución al respecto.
El puerto en la bahía de Caldera de la CMP (Compañía Minera del Pacífico) está con las obras avanzadas y debieran estar funcionando en abril de 2008 para poder cumplir con los contratos. Sin embargo, están a la espera de un fallo por un recurso de protección que presentaron pescadores de la zona.
«Tranquilos nerviosos» están en las empresas, porque a pesar de que todos confían en los tribunales de justicia, la posibilidad de tener fallos desfavorables siempre está presente.
En contra de abusos
Existe acuerdo en que los habitantes de las zonas donde se realizan los proyectos tienen derecho a entablar juicios cuando se sienten afectados, pero que el problema está cuando se trata de juicios especulativos. «No estamos en contra de que las personas puedan recurrir a tribunales. Estamos en contra del abuso», asegura Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals.
En este mismo sentido, José Antonio Urrutia, abogado de Pascua Lama y especialista en derecho ambiental, asegura que «hay gente que demanda para obtener una orden de paralización para poder sentarse a negociar en condiciones favorables con las empresas para sacarle partido a su demanda».
El exceso de judicialización es visto por las empresas y los entendidos como una búsqueda de lucro por parte de «oportunistas» y aseguran que lo único que hace es desincentivar la inversión.
En el rubro se asegura que el fallo que emitirá la Corte Suprema en algunos meses más con respecto a Los Pelambres y a la construcción del tranque será clave para el sistema de evaluación de impacto ambiental y los organismos que otorgan los permisos porque, en algunos casos, lo que se está poniendo en discusión es la validez de sus juicios y resoluciones.
“Hay gente que demanda para poder sentarse a negociar en condiciones favorables», denuncia un abogado.
El gobierno está preocupado por los problemas de las inversiones y nombró a Carlos Mladinic para solucionarlos.
Fuente / El Mercurio