(DF).- Aunque la decisión del gobierno de no incluir la depreciación acelerada en el proyecto de ley de la reconstrucción era algo esperado por el sector privado, los dirigentes mantenían la silenciosa esperanza de que fuera parte de la iniciativa.
Por eso, al conocer la exclusión del beneficio, entre los gremios empresariales primó una mezcla de desazón con la confianza de que sea enviado a trámite lo antes posible.
En ese sentido, el presidente la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Ernesto Escobar, dice estar confiado en que el tema «puede tener una segunda vuelta» y que no saldrá de la agenda. Y es que el dirigente está convencido que el Ministerio de Hacienda estaba «detrás de la idea y la apoyaba». Para Escobar, lo ideal es que su envío sea pronto «para que manden las señales oportunas y apropiadas».
En la misma línea, el presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma), Eduardo Moyano, explica que la depreciación acelerada es un instrumento importante, pues subraya que «al país se la ha destruido una parte considerable de su capacidad instalada y hay que recuperarla para no tener una brecha con el crecimiento potencial».
Se priorizó aprobación
Por su parte, el titular de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Mayol, recalca que si bien era importante incluir la iniciativa, entiende que el gobierno priorizó la velocidad de aprobación del proyecto. «Era de conocimiento público que la oposición no estaba de acuerdo y lo iba a rechazar».
Desde la región del Biobío, Leoncio Toro, gerente general de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, advierte que se esperaba que estuviera en las medidas, porque facilita todo el proceso de inversión, por lo tanto ahora es relevante que no se recorten los instrumentos que si incorporó.
En los últimos días el sector privado tuvo una serie de conversaciones privadas con el Ejecutivo para ver la posibilidad de aumentar el tope de 50 mil UF en ventas anuales para que las PYME se eximan del pago del Impuesto de Primera Categoría por hasta 2.500 UF al año.
Así las cosas, Escobar espera que la autoridad esté abierta a otras alternativas para extender el beneficio a empresas con ventas hasta 100 mil UF.
Fuente / DF