(La Tercera) En un dilema político se transformó para La Moneda la declaración que hizo el martes la ministra del Trabajo, Camila Merino, en la que dijo que el gobierno tenía «indicios» de inseguridad en la mina San José.
Pese a que dos autoridades de La Moneda la respaldaron y a que Merino se retractó -señalando que «se expresó mal»-, ayer el titular de Minería, Laurence Golborne, evitó darle su apoyo, al ser consultado por los dichos de la ministra.
«Si algún otro funcionario público tuvo alguna información y no actuó en consecuencia, deberá responder ante las instancias que están investigando esta situación. Existen investigaciones judiciales, en el ámbito legislativo, y todas estas, determinarán responsabilidades», dijo Golborne, quien agregó que al menos en su cartera no habían antecedentes.
Las palabras del ministro asumían un tono distinto a las que había expresado horas antes en una entrevista radial. En ADN dijo que era imposible que los ministerios del Trabajo o de Minería hubieran podido enterarse de la inminencia del derrumbe en la mina.
En el gobierno atribuyeron su última declaración a una respuesta rápida frente a la insistencia de la prensa. Pero hasta ayer en la tarde el Ministerio de Minería no había emitido ninguna precisión.
El episodio del martes no era la primera vez que una frase de Merino deslizaba que supuestamente el gobierno supo de los riesgos de seguridad.
El martes 17 de agosto, días antes de que los mineros fueran hallados, la ministra dijo que «después de todos los antecedentes estamos claros que debimos haber tomado acciones». Ese comentario obligó al Ejecutivo a precisar que se refería a Sernageomin.
Aunque en Palacio había molestia por este segundo episodio, se optó por una rectificación para recalcar que el gobierno nunca tuvo antecedentes. Además, se decidió, en primera instancia, evitar una «quitada de piso» frontal a la titular del Trabajo.
Así, el miércoles, la vocera del Ejecutivo, Ena von Baer -quien semanas atrás desmintió sin complejos a su par de Salud, Jaime Mañalich, cuando aventuró una fecha del posible rescate-, atribuyó la polémica frase a una «lectura» de los periodistas. El ministro de la Presidencia, Cristián Larroulet, a su turno, valoró el papel de Merino en la elaboración de la agenda de seguridad laboral. El único ministro de La Moneda que no se pronunció fue el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Los últimos dichos de Merino alimentaron críticas de la oposición, que exigió que la ministra declare ante la comisión investigadora de la Cámara. Pero también abrieron un flanco judicial. Un abogado de los mineros, Edgardo Reynoso, anunció que citarán a declarar a Merino a la fiscalía y que, además, presentarán un querella contra quienes resulten responsables y una demanda contra el Fisco a raíz de sus declaraciones.
Fuente/La Tercera