(El Mercurio) El 10 de agosto, cinco días después de ocurrido el derrumbe en la mina San José, la comisión de Minería de la Cámara se reunió para constituirse en investigadora de las causas y circunstancias que rodearon el accidente. Ese día, los diputados determinaron invitar a todas las autoridades de Gobierno vinculadas a la actividad productiva y, en forma particular, al ministro de Minería, Laurence Golborne.
Pero pese a ser uno de los testimonios más esperados para la indagatoria, el secretario de Estado solicitó aplazar indefinidamente su asistencia, hasta resolver la situación de los 33 mineros que, para ese entonces, ni siquiera se sabía si se encontraban o no con vida. Hoy, a una semana de finalizado el rescate, el plazo está vencido.
Por esta razón, el presidente de la comisión, Alejandro García-Huidobro (UDI), retomó los contactos con Golborne para reagendar la diligencia.
El tema fue tratado entre ambos tras el término de la operación «San Lorenzo», en el propio campamento Esperanza, hasta donde llegó el parlamentario para acompañar a los familiares de los atrapados durante el rescate.
Detalles del proceso
Aunque todavía no se fija una fecha para materializar la visita, el titular de Minería se comprometió a trabajar en la elaboración de un completo informe que abordará desde las posibles causas del accidente, hasta los detalles técnicos de la operación de rescate.
El dossier escrito será utilizado por Golborne como información complementaria al testimonio que prestará ante la comisión, y que se estima podría ocurrir la primera semana de noviembre.
«Esperamos cuanto antes la concurrencia del ministro. Creemos que es muy importante el informe que el ministro nos pudiera dar sobre el accidente, la operación de rescate y la situación global de seguridad minera en Chile», aseguró ayer García-Huidobro.
Esto implica que el documento contendrá un capítulo especial sobre la situación del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Este organismo encargado de la fiscalización de la actividad minera, resultó particularmente cuestionado tras conocerse detalles sobre los sucesivos cierres y reaperturas del mineral, pese a los graves problemas de seguridad que arrastraba.
Los parlamentarios esperan además conocer las propuestas del Ejecutivo para mejorar este servicio, además de las modificaciones legales que se impulsarán en el Congreso para mejorar la seguridad y condiciones de los trabajadores de la minería.
Pero, sin duda, el aspecto que concitará mayor interés será el pronunciamiento que podría incluir La Moneda respecto de las eventuales responsabilidades de los dueños de San José, así como el mecanismo a través del cual se recuperará el dinero invertido en las labores de salvataje de los 33 mineros.
Esta última información va a depender de los resultados de las diferentes investigaciones internas que se realizan en las reparticiones públicas que intervinieron en las faenas de la mina, tales como el propio Sernageomin, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Salud de Atacama.
En esta misma línea, para el próximo miércoles la comisión investigadora agendó la presencia del actual director regional de Sernageomin, Mariano Gajardo, quien se espera llegue hasta el Congreso con el primer informe emitido por el organismo sobre el derrumbe ocurrido el 5 de agosto pasado.
En tanto, la concurrencia de los mineros rescatados a la comisión investigadora se resolverá la próxima semana, después que asistan al homenaje que les brindará la Cámara la mañana del martes 26.
Concertación inicia ofensiva por dichos de ministra Merino sobre antecedentes de inseguridad laboral
A primera hora de ayer, la presidenta de la Cámara, Alejandra Sepúlveda (PRI), se comunicó telefónicamente con el presidente de la comisión investigadora de la mina San José, Alejandro García-Huidobro (UDI), para pedirle que la ministra del Trabajo, Camila Merino, sea citada a la instancia.
Esto, luego de las declaraciones que esbozó la autoridad el día lunes en las que reconoció que el Gobierno manejaba indicios de que existían problemas de seguridad en la mina y que se debió haber actuado con anticipación.
Estas palabras fueron rectificadas más tarde por la propia Merino y la vocera de Gobierno, Ena von Baer, quien descartó que La Moneda conociera tales antecedentes y salió de esta forma al paso de las críticas que se levantaron de inmediato desde la oposición.
Pese a esto, el reproche ayer fue generalizado desde la Concertación. El presidente de la DC, Ignacio Walker, se alineó con Sepúlveda y consideró indispensable la comparecencia de la ministra a la comisión, para despejar dudas sobre este punto.
«Me parecen declaraciones gravísimas, y le tomo sus palabras literalmente (…) si tuvo antecedentes no sólo pudo haber actuado con prontitud, sino además pudo haber evitado el accidente», señaló.
En la misma línea, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, criticó la política comunicacional del Gobierno. «Esto es gravísimo porque se pretende ocultar hechos que podrían haber evitado esta tragedia y porque significa violentar la conciencia de un ministro que entrega una información y que después es obligado a desdecirse».
Fuente/El Mercurio