(El Mercurio).- Unos US$ 700 millones adicionales planea recaudar el Gobierno realizando cambios al impuesto específico ( royalty ) que grava al sector minero. Las modificaciones serían voluntarias, pero en la industria aseguran que no hubo comunicación previa con el Ejecutivo para asegurar la suscripción de las empresas al alza tributaria.
En el detalle, el ministro de Minería, Laurence Golborne, señaló que se les planteará a las compañías mineras que, por un período de dos años -2010 y 2011- renuncien a la invariabilidad tributaria del royalty que firmaron en 2005, tiempo en el cual pagarán un impuesto específico variable, de entre 3,5 y 9%, dependiendo del precio del cobre y los márgenes de ganancias de cada empresa.
Aún así, y para recaudar US$ 700 millones, el Gobierno calculó una tasa cercana a 8% para este período.
«La tasa a aplicar (a las mineras) estará basada en tasas variables relacionadas al margen de cada empresa, que refleja adecuadamente los ciclos de precios que enfrenta el sector», dijo el secretario de Estado.
Aunque habría escepticismo en el sector, Golborne aseguró que este nuevo cálculo de royalty entregaría beneficios tributarios, por lo que espera que las empresas se adhieran a las modificaciones.
«Tendrán una variación de la tasa que pagarán en función con los ciclos económicos, con lo cual podrían disfrutar de una tasa baja en los períodos de precios malos y pagar más impuestos cuando los márgenes y los precios de los productos los acompañen», explicó.
Según Golborne, las empresas que hoy acepten estos cambios podrán acogerse a un sistema similar a futuro, una vez que hayan vencido los actuales acuerdos de invariabilidad tributaria. Es decir, una minera que acepte la propuesta del gobierno y pague en 2010 y 2011 un royalty de 8%, volverá a pagar 4 o 5% sobre la renta operacional en 2012, por cinco o siete años más (según el contrato que tenga con el Estado). Entonces podrá acogerse a una tasa variable de entre 3,5% y 9%, de acuerdo al precio del cobre, por ocho años más.
«En este período de ocho años, tal como es hoy la invariabilidad tributaria no sólo se aplica a la tasa de royalty , sino que involucra una serie de otros elementos e impuestos específicos, como es el de patentes mineras. En el fondo, las empresas contarán con un seguro a la discrecionalidad», dijo.
Reacciones
Tanto en la Sonami como en el Consejo Minero, que agrupan a las más importantes empresas del sector, aseguraron que apoyarán alzas en el impuesto de primera categoría, pero que no estarían conformes con aumentos en el royalty .
«Entendemos que estamos en una situación de emergencia que justifica algunas medidas tributarias transitorias (…) Sin embargo, un aumento en el impuesto específico que afecte a un único sector sería discriminatorio hacia la minería y podría afectar la competitividad de la minería en el mundo», dijo Francisco Costabal, presidente del Consejo Minero.
Economistas difieren sobre impacto tributario en inversión y en pymes
Los aumentos de impuestos para financiar parte del plan de reconstrucción encuentran buena aceptación en algunos economistas, otros objetan el cambio en el royalty que se aplica a la minería. También hay quienes consideran innecesaria la medida, argumentando que la cuantificación de los daños causados por el terremoto que ha hecho la autoridad no se ajusta a la realidad.
Financiar con impuestos aproximadamente US$ 3.500 millones de las pérdidas estimadas en más de US$ 9 mil millones permitirá reducir el gasto en la economía y generar menos presión sobre un aumento de la tasa de interés y sobre una apreciación del peso, dice Gonzalo Sanhueza, socio de Econsult RS Capital. «Ello permite que el sector exportador siga siendo competitivo y que la economía pueda crecer con tasas de interés más bajas», plantea Sanhueza.
En lo que no está muy de acuerdo es en que se cambien las reglas del juego a las empresas extranjeras por segunda vez, primero al imponer un royalty a la minería y ahora con otra modificación, sobre todo porque cerca de un tercio de los proyectos de inversión para los siguientes diez años van a estar en el sector minero.
Al abogado tributarista Alexander Letonja le parece una señal potente que el Presidente Piñera enfatizara que se respetarán los contratos de invariabilidad tributaria en la minería. La modificación sería por consenso y no por imposición, acota.
No era necesario seguir metiendo mano en el sistema tributario, piensa por su parte el economista Tomás Izquierdo, de la consultora Gemines. Asegura que la cuantificación de los daños del terremoto que ha hecho la autoridad no se ajusta a la realidad, ya que, según sus cálculos, que coinciden con los de otros expertos, los daños involucrados para el sector público no alcanzan a US$ 5 mil millones.
Entre los incentivos para «inflar» las cifras, dice que a un gobierno que recibe un país devastado no se le puede exigir mucho en desempeño económico y social; si quiere recortar gasto presupuestario, es buen argumento la reconstrucción y si quiere lidiar con presiones sectoriales de profesores, funcionarios públicos y gremios, se encuentra en mejor pie si tiene una brecha enorme de financiamiento. Otras razones menos evidentes pueden ser que si quiere avanzar en una reforma tributaria o enajenar empresas públicas prescindibles, los gastos de reconstrucción aparecen como un buen argumento.
Faltaron detalles en los anuncios que hizo el Mandatario durante la mañana. Las tasas de interés de los BCU a cinco años subieron diez puntos base a la espera de un mayor endeudamiento local, pero finalmente la información que se entregó fue muy ambigua, dice Felipe Reyes, analista de Munita, Cruzat y Claro.
Al presidente de Cieplan y ex ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, le parece que en general las medidas son adecuadas desde el punto de vista de hacer un esfuerzo solidario para enfrentar la extrema vulnerabilidad de los damnificados por el terremoto. Su preocupación es el empleo, el que podría verse afectado si se recurre demasiado al endeudamiento externo o a uso de ahorros en dólares porque afectaría el valor del dólar, que ya está en zona peligrosa.
Foxley no ve efectos en la inversión y alude a su experiencia en el gobierno de Aylwin, cuando se hizo una reforma tributaria y la inversión privada subió notablemente, lo que repercutió en un crecimiento de la economía de 7,8% promedio en ese período.
El paquete de financiamiento está bien focalizado, opina Hernán Frigolett, de la consultora Aserta, destacando que se carga la mano a los sectores productivos donde hay más recursos. Pero tiene sus dudas, al igual que el abogado Letonja, sobre cómo aislar a las pymes del alza del impuesto de primera categoría.
Los impuestos algún efecto pueden tener sobre la inversión, pero en opinión de Joseph Ramos, académico de la Universidad de Chile, el impacto va a ser relativamente modesto porque las empresas invierten por rentabilidad esperada, y ella viene muy positiva para los próximos años por la reconstrucción.
Fuente / El Mercurio