(La Tercera) Luego de conocerse la formulación de cargos de la Superintendencia de Valores (SVS) en contra de Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán, por presuntas infracciones a las leyes de Sociedades Anónimas y Mercado de Valores en las sociedades controladores de SQM, la Fiscalía Nacional analiza los pasos a seguir en el caso.
Fuentes del Ministerio Público comentaron que si bien puede iniciar una investigación de oficio a raíz de la acción de la SVS, dado que ya hay una querella en la Fiscalía de Las Condes por transacciones ficticias con acciones de SQM en las sociedades Cascada -presentada por el accionista minoritario Roberto Lobos y que está a cargo del fiscal Felipe Díaz-, lo más probable es que se decida ampliar dicha querella, incorporando la investigación del regulador.
Pero previo a definir los pasos a seguir en el ámbito procesal, se requiere de otra definición que la fiscal nacional subrogante, Solange Huerta, tomaría hoy: si el caso sigue siendo investigado en la Fiscalía de Las Condes o se traslada a otra. Según trascendió, el fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, le solicitaría en la mañana su “inhabilitación amistosa”, para que el caso no se siga tramitando en su jurisdicción.
Esto, porque dado que hace 14 años trabajó como abogado de SQM, consideraría que por razones de transparencia y probidad es preferible que el proceso no esté bajo su tuición. Fuentes de la entidad aseguran que en estricto rigor este antecedente laboral no es impedimento para que la causa siga viéndose en la Fiscalía Oriente, pero admiten que siempre es mejor evitar situaciones que puedan dar pie a cuestionamientos que afecten el proceso.
Si Huerta acepta la solicitud de inhabilidad es probable que el caso sea derivado a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Centro Norte, pero también puede nombrarse a alguien de otra fiscalía metropolitana, especializado en delitos económicos. El caso está bajo la lupa de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco), que ya estaba apoyando al fiscal Díaz.
En Las Condes también está la querella de Julio Ponce contra Moneda, que lleva el fiscal Ezio Braghetto.
El proceso
Respecto de los pasos que vienen, quien quede a cargo de la investigación deberá insistir ante la SVS para que envíe el expediente que sustentó la formulación de cargos. El fiscal Díaz, entre las diligencias ya realizadas, ofició a la SVS para que le enviara los antecedentes, pero el regulador respondió que debía concluir primero su investigación; y esta semana el superintendente Fernando Coloma especificó que “eso se hará cuando se confirme la sanción”.
Fiscales especializados en delitos económicos plantean que este es un dilema jurídico que los enfrenta permanentemente con los reguladores financieros y con la Fiscalía Nacional Económica: cuándo les tienen que entregar los antecedentes y hasta dónde llegan las atribuciones del Ministerio Público, porque hacen distintas interpretaciones de la ley. El artículo 58 de la Ley de Mercado de Valores dice que el plazo para entregar los antecedentes se contará una vez que la SVS “haya efectuado la investigación correspondiente que le permita confirmar la existencia” de los hechos constitutivos de delito.
La opinión de fiscales consultados es que si la SVS no ha enviado el expediente de motu proprio o presenta una denuncia luego, Díaz o su reemplazante deberían solicitar su pronta entrega, porque es clave para acelerar el proceso.
Norte Grande posterga junta de accionistas
Norte Grande, una de las sociedades Cascada a través de las cuales Julio Ponce controla SQM, informó que el directorio cambió del 27 al 11 de octubre la convocatoria a la junta extraordinaria de accionistas para votar un aumento de capital por US$ 92 millones. La propuesta informada hace unas semanas implicaba una capitalización de US$ 177 millones.
Esto se suma a la reciente postergación de la junta extraordinaria de accionistas de Oro Blanco a la misma fecha. En este caso el aumento de capital se redujo de US$ 290 millones a US$ 120 millones, con miras a que ante la reticencia de los minoritarios alcance para cubrir el vencimiento de un bono por US$ 100 millones colocado por la empresa en EEUU. En todo caso, el superintendente de Valores, Fernando Coloma, dijo que la próxima semana definirá si suspende dichas juntas.
Fuente / La Tercera