(El Mercurio) El fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, a cargo de la investigación del derrumbe en la mina San José, comienza a interrogar a los 33 mineros rescatados para determinar las causas de anteriores colapsos en las galerías y el registrado el pasado 5 de agosto.
Los primeros en entregar sus testimonios serán Luis Urzúa, jefe del turno al momento del accidente, y el minero Omar Reygadas, quienes deberán presentarse en el Ministerio Público para reunirse con Mella. En los próximos días están citados los otros trabajadores del grupo de los «33 de Atacama».
Mella ya cuenta con testimonios de otros trabajadores de la minera San Esteban Primera, quienes le aseguraron que en los días previos al 5 de agosto, fecha del accidente, ocurrieron varios desprendimientos de rocas.
También se suman las revelaciones de algunos de los mineros rescatados al diputado Carlos Vilches (UDI), que ese día, a las 11 horas, le pidieron a la empresa terminar el turno, luego de una serie de desprendimientos en el pique: «El cerro está goteando», le dijeron a Carlos Pinilla, jefe de operaciones, quien no habría escuchado las advertencias.
«Los antecedentes que tenemos son que (algunas) personas manifestaron escuchar mucho ruido (en el interior de la mina), otros indicaban que había derrumbes, y la historia misma de la mina también indica que hubo anteriormente derrumbes», dijo el fiscal Mella.
El fiscal regional también analiza videos captados por los mineros al interior del pique.
Algo similar le contaron trabajadores al asesor legal del sindicato, Fabián Collao. «Los días anteriores al 5 de agosto hubo varias caídas de planchones», afirma Collao.
Contra el Estado
El procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Adolfo Rivera, señaló que ese organismo no tiene ninguna estrategia judicial pensada aún para abordar las querellas en contra del Estado que han anunciado familiares de los mineros por la falta de fiscalización de servicios públicos, como Sernageomin, que permitieron la reapertura de la mina, pese a que no cumplía con las normas de seguridad.
Según explicó, hasta el momento el CDE no ha sido notificado de ninguna querella en contra del Estado.
Empresa San Esteban desmiente información de diputado Vilches
En una declaración pública, la Compañía San Esteban Primera desmintió ayer la información entregada por el diputado Carlos Vilches (UDI), quien dijo que los mineros atrapados advirtieron a sus superiores de posibles derrumbes en el yacimiento, lo que habría sido ignorado por el jefe de Operaciones, Carlos Pinilla.
El texto, firmado por el gerente Pedro Simunovic y el propio Pinilla, sostiene: «Debemos manifestar nuestra absoluta y total sorpresa respecto de aquellos dichos. A ninguno de nosotros, los responsables de la operación de la mina en esos momentos, se nos manifestó, ni por parte de algún trabajador ni del jefe de turno, comentario alguno respecto de ruidos o explosiones inusuales, ni mucho menos se nos solicitó permiso para abandonar las faenas en virtud del presunto riesgo que se corría».
Y el texto añade: «Debemos insistir una vez más que nunca, ninguno de nosotros tuvo el más mínimo indicio de que pudiera producirse una catástrofe como la del 5 de agosto recién pasado».
Gerente de firma contratista Armamit quiere que le paguen por trabajo de sus máquinas en el pique
«Le pedí al ministro (Laurence) Golborne que me pagaran el trabajo que estaba haciendo la pala abajo en el pique, y me dijo que no», dice, molesto, Rodrigo Montecinos, gerente de la empresa Armamit, empleadora de cinco de los 33 trabajadores rescatados desde la mina San José.
«La empresa genera 33 empleos», dice Montecinos, «sin contar a la dueña», y es una de las que registra mayores pérdidas materiales por el accidente del 5 de agosto, comenta. A los $83 millones que asegura le debe San Esteban desde agosto a la fecha por arriendos, se suman $29 millones que serían de reparaciones mecánicas que se hicieron antes. Según Montecinos, Armamit ha perdido mucho dinero por la obligada paralización. La empresa contratista arrienda maquinaria pesada y es la dueña de dos palas scoop y un cargador, que quedaron atrapados.
Y aunque tiene seguros sobre las 37 mil UF en que están avaluados sus equipos, dice que han pasado dos meses muy complejos para cumplir con los emolumentos y las imposiciones de su gente. «A todos les pagan sus sueldos: a los rescatistas, a los gerentes… Menos a nosotros, y ese es nuestro capital de trabajo», señala.
Fuente/El Mercurio