(El Mercurio de Calama) Como un hecho gravísimo que atenta en contra del movimiento sindical, consideró la Federación Minera de Chile la querella criminal por injurias, que busca penalizar con tres años de cárcel a la directiva del sindicato de trabajadores de la Minera Doña Inés de Collahuasi.
La acción judicial , fue presentada por la transnacional de propiedad de Anglo American (44%), Xstrata plc (44%) y del consorcio japonés Mitsui & Co., Ltd. (12%), en el Primer Juzgado de Letras de Iquique. Dicha medida, fue adoptada por Collahuasi tras considerar como injuriosos algunos dichos emitidos por la directiva del sindicato en el marco de la huelga legal que se extendió entre los meses de octubre y noviembre del año pasado.
Frente a esta situación, Agustín Latorre, director de RRPP y Comunicaciones de la Federación Minera de Chile dijo que «nuestra organización se declara en estado de alerta frente a la querella presentada por Collahuasi en contra de los dirigentes de los trabajadores, ya que consideramos que se trata de una acción que claramente busca descabezar al movimiento sindical y que atenta contra el proceso de unidad que está impulsado la FMC, cuyo presidente es uno de los directivos afectados».
El dirigente precisó que «se está convocando al directorio de la Federación Minera de Chile a una reunión de suma urgencia para ver las medidas que se tomaran frente a esta situación».
Agregó que «las empresas sienten que este es su gobierno y que por lo tanto estarían amparadas para infringir la ley y actuar con prepotencia contra los trabajadores, alcanzando estos abusos límites nunca antes vistos.
Por este motivo el dirigente señaló que «la minera Collahuasi debería reconsiderar la medida y tomar en cuenta que las grandes ganancias obtenidas el año 2010 son gracias al esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores».
Cabe precisar que la acción judicial recae sobre los dirigentes Manuel Muñoz Barrientos, Juan Barraza Celis, Lincon Espinoza Yovich, Víctor Cubillos Arias, Cristian Arancibia Valencia, Carlos Rojas Cerda y Jacqueline Cerda Pezoa.
Según la compañía minera, dentro las imputaciones vertidas en su contra a través de la página web del sindicato , están las de calificarlos como «corruptos, ilegales, narcos y mafiosos».
La querella se sustenta en el artículo 129 del Código Procesal Penal y busca que «se imponga a cada uno de los querellados la pena de tres años de reclusión menor en su grado medio y una multa de 20 unidades tributarias mensuales», de acuerdo lo señaló Collahuasi en el escrito presentado.
Fuente/ El Mercurio de Calama