(La Tercera) Hace hace una semana, el Ministerio de Educación fijó un plazo de 90 días para concretar el traslado de la escuela La Greda, de Puchuncaví, emplazada en una zona afectada por emanaciones contaminantes. Desde esa fecha, las autoridades trabajan contra reloj, realizando extensas reuniones para lograr un acuerdo general que permita reubicar el establecimiento.
La seremi de Educación de Valparaíso, Patricia Colarte, explica que se está trabajando en conjunto con la Municipalidad de Puchuncaví en dos puntos primordiales: cumplir las normas de certificación ambiental del lugar en donde se ubica hoy la escuela y en la búsqueda de un terreno que permita el emplazamiento del recinto educacional. Ahora, se están estudiando tres alternativas de terrenos privados, que serán sometidos a una certificación ambiental.
«El proceso de relocalización tiene muchos aspectos. Primero, ubicar un lugar que sea apropiado y que no presente riesgo de salud para los alumnos; hacer un establecimiento educacional definitivo que tenga estándares superiores al actual, y poder generar un proyecto educativo que esté acorde con las necesidades educativas que tienen actualmente los estudiantes», dijo Colarte.
La seremi y el municipio se encuentran realizando reuniones con el Centro de Padres y Apoderados de la escuela, para informar sobre el proyecto en curso y lograr un acuerdo unánime, que permita el traslado definitivo del establecimiento a un lugar que garantice la salud de los alumnos y deje conforme a los padres.
Depósitos ilegales
Mientras, nuevos antecedentes están apareciendo respecto de la contaminación en la zona. El pasado martes 12 de abril, el Consejo Ecológico de Puchuncaví y Quintero presentó a la Contraloría Regional de la República una solicitud para entablar un sumario administrativo por depósitos ilegales de cenizas.
La organización denuncia la existencia de 11 vertederos no autorizados de cenizas en distintos puntos de la comuna, por lo cual piden una exhaustiva investigación.
En el informe enviado a la Contraloría, Miguel Inzunza, quien presentó la solicitud en nombre del movimiento, manifestó que «nos parece de la mayor gravedad no sólo la falta de las correspondientes autorizaciones, sino que también la aplicación de sanciones a las personas naturales y/o jurídicas responsables del origen, traslados y vertimientos ilegales de materiales que han contaminado a la comuna, afectando el suelo y también la salud y vida de las personas».
Fuente/ La Tercera