(El Mercurio) La cartera de inversiones por US$ 100 mil millones que llevará adelante el sector minero de aquí al 2020 traerá una serie de desafíos para la principal actividad económica del país.
Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), no se demora ni un segundo en nombrar a la energía, la necesidad hídrica, la especialización de trabajadores y la certeza jurídica como los principales temas que deberá abordar el rubro que hoy exporta más de US$ 50 mil millones y aporta cerca de US$ 11 mil millones al erario por año.
Pero, a la vez, se toma su tiempo sobre un punto específico que tiene preocupado a la minería. «Cuando nosotros decimos que hay una cartera histórica de proyectos por US$ 100 mil millones en un solo sector, no solamente nos da desafíos en materia de energía y seguridad, sino también en materia de institucionalidad. Es poco lógico que si la minería aporta tanto al país, el fisco no tenga una institucionalidad acorde», señala con énfasis el líder de la Sonami desde fines de 2009.
Según Salas, en la última década, la solicitud de permisos y trámites para llevar adelante los proyectos del sector se han multiplicado cinco veces, mientras que la dotación de profesionales y recursos para entidades como Sernageomin, la Dirección Nacional de Aguas (DGE) y las instituciones medioambientales lo han hecho a un ritmo mucho menor.
«Tenemos que aumentar las plantas, los recursos y los medios para que estas instituciones puedan responder acorde con la modernidad y el desarrollo de esto», agrega el presidente del la Sonami.
Y continúa: «Yo no estoy reclamando respecto de la calidad ni de los profesionales de estas entidades. Lo que digo es que no tienen la capacidad para afrontar este enorme crecimiento. Por ejemplo, en regiones no se resuelve mucho en permisos y todo termina en Santiago. En minería somos líderes en el mundo, pero nos estamos quedando atrás en la institucionalidad como país».
Ducto de agua
Salas señala que este punto ya ha sido abordado con el Gobierno, el cual ha estado dispuesto a avanzar en la materia.
Otro de los temas en los que han estado trabajando es la necesidad de agua que tiene la minería para llevar adelante su histórica cartera de inversiones.
Antes de entrar de lleno al tema, Salas aclara que el sector consume sólo el 5% del recurso hídrico entre la Primera y Séptima Región. «Hoy, nosotros utilizamos 12 m3 de agua por segundo de forma eficiente, que es lo mismo que da el caudal del canal San Carlos. Proyectamos que al 2020 esta necesidad aumentará 42% llegando a los 17 m3 por segundo», dice.
Para llevar adelante este objetivo, el gremialista revela que hace un tiempo un grupo de franceses le presentaron un proyecto para instalar un ducto marino que permita traer el agua a Arica desde las desembocaduras de los ríos ubicados en la Región del Maule a un precio 50% más bajo del costo de desalinizar.
«Ellos hablan de US$ 1 por m3 y desalinizar cuesta US$2 por m3 , o un poco más. Esta idea tiene sentido. Nos juntamos con Fundación Chile y los franceses están trabajando con la fundación. Además, el año pasado el gobierno de Francia les dio una subvención de 600 mil euros para hacer la ingeniería conceptual de este proyecto», sostiene Salas.
La preocupación por el convenio 169 de la OIT
Tema de análisis en la Sonami ha sido el fallo de la Corte Suprema -que ratificó el recurso de protección que acogió la Corte de Apelaciones de Antofagasta- en contra del proyecto El Morro, por no realizar las consultas respectivas a las comunidades indígenas, como indica el Convenio 169 de la OIT.
-¿Este fallo sentó un precedente?
«Lo conversamos con la autoridad en términos de que el inversionista lo que quiere es certeza y no discrecionalidad. Que digan: para hacer esto, hay que hacer todas estas cosas. Pero cuando se hace, que no venga un tribunal a decir que esta resolución de calificación ambiental no cumplió con esto y esto otro. La aplicación del 169 está en un rango de discrecionalidad. Para eso trabajamos con el Gobierno para coordinar con todas las instancias un solo rayado de cancha para interpretar el 169».
-¿Cuándo habrá una definición?
«Esperamos que lo más pronto posible. Hay un reglamento, pero está siendo impugnado por las comunidades que señalan que la forma de consultar no fue la adecuada. Es legítimo el tema de los derechos ancestrales, pero no es un derecho que sea infinito. Tenemos que regularlo. Si no, genera una tremenda incertidumbre que no facilita las inversiones».
-¿El convenio 169 es la mayor preocupación para la minería?
«Es uno de los principales, teniendo en cuenta la poca claridad y las interpretaciones distintas que hay del mismo convenio».
– ¿Se está haciendo un levantamiento de las zonas que pueden ser afectadas?
«Estamos conversando con sectores de la gran minería y de la mediana, para tener un catastro de los problemas más recurrentes».
Fuente / El Mercurio