(La Tercera) A través de diversos contactos telefónicos con los ministros de Hacienda y Minería, Felipe Larraín y Laurence Golborne, las mineras siguieron la negociación entre el gobierno y la oposición por el royalty. Sin embargo, altos directivos de las mineras reconocen que no tuvieron éxito las intensas conversaciones con el gobierno. Tampoco el compromiso, que aseguran recibieron de los ministros, de no afectar al sector.
El gobierno y la oposición acordaron una tasa de tributación en el período denominado «de transición» (2010 al 2012), de 4% y 9% sobre márgenes operacionales entre 35% y 70%. A partir de 2018 se aplica un tributo entre 5% y 14%, para márgenes operacionales entre 35% y 100%.
Actualmente, las mineras pagan un royalty entre 4% y 5%. El proyecto original del gobierno consideraba un royalty entre 3,5% y 8%.
Para las mineras el fuerte incremento del royalty a partir de 2018 quita «la guinda» que adornaba la torta que motivaba la acogida voluntaria a la nueva fórmula y, con eso, la renuncia a la invariabilidad otorgada en el gobierno de Ricardo Lagos.
Hoy, las mineras tienen una invariabilidad tributaria hasta 2017. El nuevo proyecto les permite mantener la nueva tributación hasta 2023, es decir, da una invariabilidad de seis años. El proyecto original consideraba ocho años, hasta 2025.
«Hay que recordar que partimos con una tasa de 3,5% y luego la subieron a 4% y ahora está en 14%, y más encima, nos recortan la invariabilidad. Esto ya no es atractivo», dijo un gerente del sector.
Sin embargo, las mineras ven que si rechazan la opción de acogerse voluntariamente a la nueva legislación habrá consecuencias. Los ejecutivos explican que la preocupación que existe y que será parte del análisis de cada empresa, es el costo social que implica seguir con un esquema tributario que implique pagar menos impuestos. «Tenemos derecho a decir que no nos vamos a acoger, pero tenemos que ver el costo de la decisión. Nuestra industria ya tiene una imagen dañada y eso es un factor que hay que analizar. El estudio que cada empresa hará será muy complejo», explicó el ejecutivo de una empresa minera.
La interpretación que hace la industria de la iniciativa es que si no se acogen voluntariamente al cambio del sistema, al llegar a 2018, las empresas tendrán que pagar un royalty con una tasa que va desde 5% hasta 14%, pero perderán el beneficio de la invariabilidad, que permite alargar la vigencia de las reglas del juego hasta 2023. «El hecho de que, por segunda vez en cinco años, se esté revisando una modificación al sistema de tributación, no es una buena señal de mantención de la estabilidad», dijo el presidente de la Sonami, Alberto Salas, hace algunos días.
Fuente/La Tercera